El Consejo de Gobierno ha acordado asumir la potestad en materia de disciplina urbanística de los municipios de Albalate, Alcubierre, Ballobar, Épila, Estadilla, Grañén, Illueca, Jarque, Cañada de Verich, Lumpiaque, Malón, Monterde, Novillas, Osso de Cinca, Pina de Ebro, Santa Cruz de la Serós, Uncastillo, Used y Villanueva de Huerva.
Es una competencia que los municipios de menos de 5.000 habitantes pueden delegar en la Administración de la Comunidad Autónoma y que, a partir de ahora, se gestionará desde la Dirección General de Urbanismo.
Para el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, “la cooperación entre administraciones es fundamental para frenar abusos urbanísticos y para ser imparciales a la hora de gestionar el crecimiento de los municipios”. Con esta acción se exime a los ayuntamientos de las labores de control y sanción.
El Gobierno de Aragón asumirá las potestades de inspección, sancionadoras y de protección de la legalidad urbanística en cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. Los importes económicos derivados de la imposición de sanciones urbanísticas se imputarán a favor de la Administración delegante. Los gastos económicos que pudieran generarse al objeto de hacer efectivas las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística acordadas por parte de la Administración delegada serán de cuenta de la Administración delegante. A tales efectos se adoptarán los mecanismos de colaboración y cooperación interadministrativos necesarios. En estos momentos, unos 60 municipios han delegado las competencias en materia de disciplina urbanística.
