El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Raimundo Lafuente, se ha reunido con la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmen Sánchez, para tratar diversos asuntos de interés para ambas instituciones que afectan especialmente a los ayuntamientos. En la reunión también han participado el comisario de Aguas de la CHE, René Gómez, y el secretario general de la FAMCP, Martín Nicolás.
Entre los temas abordados destaca la situación de los procesos sancionadores iniciados por la CHE contra varios ayuntamientos aragoneses por el vertido a los ríos de aguas residuales sin depurar y que no cuentan con la oportuna autorización administrativa para hacerlo. Los reunidos han repasado los antecedentes, como la aprobación en 2001 del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, o el convenio suscrito en 2007 entre el Ministerio de Medio Ambiente y Aragón para la cooperación, coordinación y colaboración en las obras de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, entre las que se contaban las actuaciones para la depuración de las aguas de los núcleos pirenaicos. Ese convenio establecía que, aunque la competencia para la realización de obras hidráulicas de interés general corresponde a la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón gestionaría la construcción y explotación de las depuradoras.
Con esos precedentes, los representantes de la FAMCP consideran que “nos encontramos ante una situación tan absurda como injusta y perjudicial para los ayuntamientos afectados” por esos expedientes sancionadores, por lo que han exigido a la CHE que los archive y conceda la correspondiente autorización administrativa para que los municipios puedan verter sus aguas sin ser sancionados, ya que “los responsables de que no tengan depuradoras son el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón”. El comisario de Aguas ha explicado a los representantes de la Federación que la CHE tendrá en cuenta la situación de los ayuntamientos que dispongan de proyectos concretos de depuración, así como de un plan de inversión y que, en este sentido, se trabaja en coordinación con el Gobierno de Aragón. La FAMCP ha pedido “la inmediata dotación de los adecuados sistemas de depuración a las poblaciones del Pirineo” y ha recordado su apoyo a los municipios afectados en las acciones que sea necesario tomar en defensa de sus intereses.
El encuentro también ha servido para repasar las propuestas hechas por la FAMCP al futuro Pacto Nacional por el Agua que está impulsando el Ministerio de Medio Ambiente. La primera de las aportaciones de Federación de Municipios es su oposición a las trasferencias de agua a otras cuencas hidrográficas, postura basada en el propio Estatuto de Autonomía de Aragón, que en el artículo 19.3 recoge que “corresponde a los poderes públicos aragoneses velar para evitar trasferencias de aguas de las cuencas aragonesas, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras”. Postura que, según Raimundo Lafuente, ha sido ya trasladada al Ministerio. La FAMCP también apunta que el Pacto Nacional por el Agua tenga en cuenta la situación demográfica y de dispersión poblacional de Aragón, que encarece la prestación de los servicios públicos relacionados con el agua, para lo que solicita la colaboración económica de la Administración General del Estado. Asistencia que también se requiere en la eliminación de la contaminación por lindano en el río Gállego y en la puesta en marcha de los planes de gestión del riesgo de inundación. Sobre el lindano, la CHE ha recordado que periódicamente analiza los distintos parámetros y comprueba que se están cumpliendo con carácter general las normas de calidad ambiental de la Unión Europea, datos que están disponibles públicamente en la web chebro.es.
Por último, la FAMCP ha recordado a los responsables de la CHE la necesaria restitución territorial y compensación económica a los municipios afectados por obras hidráulicas, tanto de interés general como para aprovechamientos hidroeléctricos. Sobre este asunto, el presidente de la CHE ha informado que una vez concluido el procedimiento administrativo y recuperada la titularidad de la obra, se sacará a concurso. Mientras tanto, se está buscando la manera de compensar a los municipios afectados por las infraestructuras hidráulicas.
