La Comisión de Municipios Afectados por el Río Ebro de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), presidida por el concejal de Pradilla de Ebro, Luis Eduardo Moncín, se ha reunido con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, acompañado del consejero de Agricultura, Joaquín Olona.
El objeto de la reunión ha sido dar cuenta de las acciones ya realizadas, así como de las que están en curso en relación con los daños ocasionados. Todo ello en el momento en el que se produce una segunda avenida, en esta ocasión de carácter ordinario pero que no facilita la evacuación del agua de los terrenos que todavía permanecen parcialmente inundados. En la reunión también han estado presentes la delegada del Gobierno, Rosa Serrano; la presidenta de la CHE, Dolores Pascual; el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Luis Zubieta.
El presidente del Ejecutivo aragonés ha reafirmado el compromiso de indemnización de los daños agrícolas y ganaderos en los tres ámbitos de competencia del Departamento, que son los daños sufridos por las producciones, por las infraestructuras colectivas de riego de las comunidades de regantes y por las infraestructuras de las explotaciones particulares. Para ello, se simplificarán los trámites y se llevará un Decreto –Ley al consejo de Gobierno para que puedan compatibilizarse ayudas de distintas administraciones. Además, se ha mostrado partidario de convivir con la realidad de las crecidas del río y con opciones alternativas como el cambio de cultivos, sustituyendo los actuales por otros más leñosos, así como con la adquisición de terrenos inundables.
El presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, quien ha agradecido la presencia del presidente del Gobierno y de todas las administraciones competentes en esta Comisión, ha manifestado “que la coordinación entre las Administraciones competentes en la crecida del mes de diciembre es el camino que seguir.”
La superficie total inundada ha sido de 13.495 hectáreas, de las que 11.339 hectáreas son las ocupadas por cultivos, y de estas, han resultado afectadas 4.687. El resultado se aproxima mucho a las 12.000 hectáreas anticipadas y, tal y como se avanzó, no toda la superficie inundada iba a sufrir necesariamente daños. Su alcance depende de la permanencia del agua cuya evacuación se ha visto dificultada por las condiciones meteorológicas reinantes tras la avenida y que se va a ver todavía más dificultada por la crecida ordinaria que se está produciendo en estos momentos. De la superficie siniestrada declarada a Agroseguro, a fecha de 4 de enero, 2.376 hectáreas corresponden a alfalfa, 1.354 hectáreas a cereales de invierno, 649 hectáreas de otros cultivos herbáceos y 308 hectáreas de hortalizas y frutales.
Con respecto a las producciones, el apoyo se realizará en el marco del seguro agrario como herramienta clave de gestión de riesgos, abordando las posibles limitaciones técnicas que puedan ponerse de manifiesto en relación con las garantías o los periodos de suscripción de las pólizas. También se tendrán en cuenta los gastos extraordinarios derivados del traslado de animales en el caso de las producciones ganaderas. Por lo que se refiere a las infraestructuras privadas se apoyará mediante subvención a los titulares de las explotaciones prioritarias con aseguramiento de sus producciones, al igual que las comunidades de regantes, tras las valoraciones que está haciendo SARGA.
Además, en las zonas de inundación reiterada, los afectados que opten por realizar plantaciones idóneas para producción de madera o biomasa, podrán acceder a un programa especial de subvenciones para la restauración de los terrenos y plantación. Por otro lado, para hacer frente a los posibles problemas de liquidez financiera, se habilitará una línea de subvención de los costes financieros relativos a los préstamos que se suscriban.
Con el objeto de facilitar la gestión a los afectados se va a habilitar un sistema simplificado mediante el procedimiento de declaración responsable a través del que los propios interesados podrán aportar la evidencia de los daños.
Para garantizar la viabilidad jurídico-administrativa de las ayudas citadas, dando cabida a las que adicionalmente puedan requerirse en el ámbito de las competencias del Gobierno de Aragón, se está elaborando un Decreto-Ley que, previsiblemente, se llevará al próximo Consejo de Gobierno, que permitirá la financiación de las medidas de apoyo y ayudas a los ámbitos y sectores afectados, complementarias de las que establezca el Gobierno de España para paliar los daños ocasionados en territorio aragonés.
Los alcaldes de la Ribera del Ebro también confían en que el Gobierno de España acelere las actuaciones necesarias en coherencia con el acuerdo ya adoptado por el Consejo de Ministros en relación con la riada y con el propósito de activar las actuaciones y los recursos presupuestarios necesarios. También en que, a través de la CHE, se acelere no solo la restauración de las infraestructuras afectadas en el ámbito del dominio público hidráulico, sino la adaptación de la ribera para minimizar los efectos de las futuras crecidas atendiendo al Plan propuesto por el Gobierno de Aragón en 2018.
Afecciones de la crecida extraordinaria
Las fuertes precipitaciones ocurridas sobre todo en el Norte de Navarra provocaron que los caudales del Ebro llegaran a alcanzar los 2.709 m3/s en Tudela, 2.684 m3/s en Castejón y los 2.118 m3/s en la ciudad de Zaragoza. Los efectos de estos caudales extraordinarios fueron la rotura de motas y desbordamientos del Ebro en numerosos puntos provocando importantes daños en cultivos, explotaciones ganaderas, infraestructuras viarias e infraestructuras de riego.
Durante la emergencia, resultó decisiva la coordinación eficaz desarrollada a través del CECOPI, copresidido por la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón y la delegada del Gobierno de España en Aragón. A través de sus 13 reuniones, entre el 10 y el 20 de diciembre, se coordinaron las decisiones necesarias, que incluyeron el refuerzo de motas y protección de núcleos urbanos, la evacuación de personas y habilitación de espacios en Luceni, Tauste y Bujaraloz ante la posibilidad de evacuación de Pradilla, Boquiñeni y Pina, la protección de granjas y traslado de animales o el desalojo temporal del Colegio Jerónimo Zurita en Zaragoza entre otras. Todo ello con la complejidad adicional motivada por la pandemia COVID.
El pasado 12 de diciembre se alcanzó en Novillas un máximo de 8,51 metros de altura, cuando en 2015 fue de 8,40, resultando decisiva la rotura controlada de una mota para que el nivel se estabilizara en dicho punto en 8,37 metros. Ello, unido a las actuaciones llevadas a cabo a partir de 2018 por la CHE, así como por los trabajos de limpieza de riberas realizadas por el Gobierno de Aragón, resultó decisivo para que en la Ribera Alta no se alcanzaran finalmente lo niveles de 2015 demostrándose la eficacia de dichas actuaciones, así como la necesidad de intensificarlas.
En la Ribera Baja, los caudales fueron ligeramente superiores a los de 2018, pero inferiores a los de 2015 dado que no existieron aportaciones del Huerva, ni del Gállego. Durante los días 13 a 15 de diciembre la mayor parte de los esfuerzos se centraron en las poblaciones de Pina, El Burgo, Quinto, Gelsa, Villafranca y Escatrón.
La crecida se desarrolló de manera más lenta que las anteriores debido a la laminación de los caudales a lo largo de la llanura de inundación con la consiguiente afección de los cultivos en favor de la protección prioritaria de las poblaciones. Un hecho, en gran medida, provocado por las actuaciones desarrolladas tras las riadas de 2015 y 2018, así como por las decisiones adoptadas en la propia gestión de la avenida. También se ha demostrado el efecto laminador de los embalses, particularmente los de Itoiz y Yesa, sin cuya existencia los caudales máximos hubieran sido muy superiores causando daños catastróficos. Más evidente ha vuelto a resultar el papel laminador del embalse de Mequinenza de modo que cuando la avenida llegó al mismo el 20 de diciembre, pudo darse por concluida con la absoluta seguridad de inexistencia de riesgo alguno aguas debajo de la presa.
Durante la avenida, el Departamento de Agricultura, bajo la coordinación del CECOPI y en colaboración con la CHE, desarrolló diversas actuaciones dirigidas a la prevención de daños a personas y bienes de entre las que resultaron especialmente destacables las llevadas a cabo en Novillas, Gallur, Remolinos, El Burgo de Ebro, Quinto y Gelsa.
El Departamento de Agricultura también tomó las medidas necesarias para garantizar el bienestar animal y minimizar los daños a la ganadería en la zona inundable donde existen 45.973 plazas de ganado mayor, además de 158.384 plazas de avicultura, y donde hubo que movilizar más de 30.000 cabezas sin que se produjeran bajas.
