El acceso a la vivienda presenta, en los últimos años, dificultades que afectan a una buena parte de la población. Por este motivo, el Gobierno de Aragón ha iniciado un proceso para elaborar la primera Ley de Vivienda de Aragón.
Esta mañana, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha presentado esta mañana el proceso participativo para hacer propuestas desde diferentes organizaciones, al Anteproyecto de Ley de Vivienda de Aragón.
El consejero Octavio López ha manifestado que «esta Ley nace con el deseo de aunar un consenso en el Parlamento aragonés y con ánimo de pervivencia, y en cumplimiento de su compromiso de elaborar en el primer año de Gobierno la primera ley de vivienda de Aragón». Además ha señalado que se trata de dotar de soluciones reales y concretas desde diferentes perspectivas y adaptadas a cada uno de los problemas que está latentes en nuestro Comunidad Autónoma y a las necesidades de los aragoneses.
Desde la FAMCP valoramos de forma positiva este proceso ya que conocemos de cerca las necesidades de vivienda de nuestro territorio. La diversidad de problemáticas, en función del área en la que nos encontramos, con temas específicos como la despoblación o las zonas más turísticas, hacen necesaria una actualización del modelo.
El anteproyecto de Ley de Vivienda sobre el que se está trabajando el Gobierno de Aragón se puede resumir en un decálogo de actuaciones para revertir la situación de dificultad del acceso a la vivienda en Aragón.
Entre otros puntos, señala que los suelos públicos cuyo destino no sean los equipamientos públicos, se pondrán de manera gratuita a disposición de la promoción. Además quieren garantizar la disponibilidad de recursos presupuestarios tanto para la promoción de nuevas viviendas como para ayudar a que las personas demandantes de vivienda no destinen más allá del 30 por ciento de sus ingresos a esta necesidad.
El anteproyecto también quiere adaptar la normativa a las características y necesidades de cada municipio y contemplar modelos habitacionales complementarios que se adapten a las demandas sociales o necesidades del sector productivo. En cuanto a las viviendas protegidas, se quiere adaptar la regulación a las circunstancias sociales actuales y regular la condición y régimen de uso para que alcance a sectores de población extremadamente vulnerables.
