El Consejo de Gobierno ha tomado esta mañana en consideración el Anteproyecto de Ley Reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal (FAFM), una norma que tiene como objetivo participar activamente, de manera directa y objetiva, en la financiación de los ayuntamientos aragoneses.
El texto de esta Ley da entrada a un fondo de carácter incondicionado que se conjuga de forma simultánea con criterios más acordes con la ordenación del territorio.
En esta línea, garantiza un importe que se considera mínimo, regula los posibles incrementos de manera objetiva y, fuera del objetivo de estabilidad financiera, aspira a fomentar el principio de solidaridad a través de parámetros como el esfuerzo fiscal, el grado de envejecimiento y la cohesión territorial.
Los destinatarios del Fondo son todos los municipios que rindan sus cuentas ante la Cámara de Cuentas de Aragón y que estén al corriente en los deberes de remisión de información. En caso de que incumplan alguno de estos requisitos, se retendrá el importe trimestral de su participación en el Fondo hasta que, en este punto, cumpla con sus obligaciones ante la Cámara.
Perderán el derecho a participar en el Fondo, por un periodo de entre dos y cinco años, los municipios sancionados por cometer infracciones en materia de memoria democrática.
La dotación inicial mínima del Fondo será de 30.650.000 euros. En ningún caso podrá superar el 2% del presupuesto autonómico no consolidado. Esta primera dotación se incrementará en distinta cuantía en función del endeudamiento relativo de la Comunidad Autónoma de Aragón, hasta un máximo del 0,10% de los ingresos no financieros, excluidos los finalistas, de la última Cuenta General Autonómica.
En este primer ejercicio se percibirán, como mínimo, los siguientes importes: el municipio de Zaragoza, 8.000.000 euros; el municipio de Huesca, 1.000.000 de euros; y el municipio de Teruel, 700.000 euros.
El resto de los municipios de la Comunidad Autónoma se repartirán en el primer año de vigencia de la Ley 20.950.000 euros.
Esta última dotación se reparte mediante un conjunto de reglas. El 40% se distribuye a partes iguales entre todos los municipios. El 60% restante se divide en dos partes: un 75% se concede en proporción al número de habitantes de cada municipio y el 25%, en función de los núcleos de población habitados separados: un 40% va a su vez a cada núcleo en igual cuantía y el 60%, en función del número de habitantes de cada núcleo.
Mientras, los incrementos en la dotación mínima inicial se calcularán a partir de varios criterios: esfuerzo fiscal, población (mayor o igual de 65 años, mayor o igual de 85 años y densidad poblacional), ordenación territorial y ordinalidad. Todos estos criterios quedan establecidos con parámetros objetivos como el padrón municipal o la superficie.
Hay que destacar que se establece una liquidación trimestral de los importes que correspondan a cada municipio con cargo al Fondo.
Por otro lado, toda iniciativa legislativa del Gobierno de Aragón que pudiera determinar la reducción de los ingresos no financieros no finalistas habrá de incluir un análisis sobre el impacto en la financiación local y deberá someterse a informe preceptivo de los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).
La propia FAMCP, en consideración a sus funciones de apoyo, representación y asesoramiento a los entes locales, recibirá una cantidad mínima garantizada de 400.000 euros, que a partir del segundo ejercicio aumentará en una cantidad equivalente al 2% del incremento anual que experimente el FAFM, con un límite de 600.000 €.
Reforzar el papel del Consejo Local. La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, ha presidido este martes la constitución del Consejo Local de Aragón, el órgano de colaboración y coordinación entre el Gobierno de Aragón y las asociaciones representativas de las entidades locales aragonesas.
En el encuentro han estado presentes también, por parte del Gobierno de Aragón, el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez; el de Relaciones Institucionales, Ricardo Almalé, y el secretario general técnico del Departamento de Hacienda, Sergio Pérez. Han asistido asimismo en su condición de vocales del Consejo el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta; su secretario general, Martín Nicolás; el secretario general técnico del Departamento de Hacienda, Sergio Pérez, y la alcaldesa de Maluenda, Mª Carmen Herrero, y los alcaldes de Ariño, Joaquín Noé, Illueca, Ignacio Herrero, y Sariñena, Juan Miguel Escalzo.
La titular de Presidencia ha destacado que hasta el momento el Consejo Local ha sido utilizado “prácticamente como un elemento preceptivo para normas que afecten a los ayuntamientos”, pero ha añadido que cree que a través de este órgano “se puede sacar bastante más uso, con reflexión y debate, de cómo podemos mejorar”.
Mayte Pérez ha recordado que, más allá de la partida que destina el propio Departamento de Presidencia a las corporaciones, está el Fondo Local de Aragón, “que implica muchas más transferencias que gestionan directamente los ayuntamientos”. La cantidad total que el Ejecutivo autonómico transfiere a los entes locales supera los 180 millones de euros, un monto que tiene por objetivo que puedan dotar de servicios de calidad a los vecinos. En este contexto, el Consejo Local es “un buen foro para evaluar si las transferencias se hacen bien, mal o regular”.