El Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) fomentan la adhesión de las entidades locales al sistema de contratación centralizada de la Comunidad Autónoma para mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de los medios y servicios públicos y contribuir a la realización de actividades de utilidad pública, sin olvidar el compromiso de estabilidad y sostenibilidad financiera.
El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, y el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, han renovado este viernes un convenio de colaboración que, desde 2016, explora las posibilidades que tiene para las administraciones locales el trabajo conjunto y la agregación de la demanda de los compradores públicos.
La necesidad del nuevo texto que han suscrito ambas partes viene determinado tanto por la pérdida de vigencia del primer compromiso como por la necesidad de incorporar los cambios legislativos que se han producido desde aquel primer acuerdo. De hecho, la Ley de Contratos del Sector Público ha traspuesto al ordenamiento español directivas europeas y la Comunidad ha incorporado la Ley de Simplificación Administrativa, que regula los instrumentos de colaboración como una herramienta más de simplificación.
EN SINTONÍA CON LA UE
El nuevo compromiso entre el Gobierno de Aragón y la FAMCP está en sintonía con la tendencia de los mercados de contratación pública de la Unión Europea, que buscan también sistemas centralizados para obtener economías de escala, reducción de precios y costes de transacción, además de una mayor profesionalización de la contratación pública.
En la Comunidad Autónoma, antes incluso de los nuevos criterios que recoge la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, ya reconoció que la central de contratación y la utilización de técnicas como el acuerdo marco resultaban especialmente apropiadas en el ámbito de la Administración Local, excesivamente fragmentada y con escasos recursos, por lo que señalaba que el sistema de contratación centralizado estaba llamado a convertirse en un instrumento de colaboración administrativa a la vez que en un mecanismo para simplificar la política de compras públicas.
De hecho, las centrales de compras se encargan de adquirir suministros y servicios; adjudicar contratos o celebrar sistemas dinámicos de adquisición y acuerdos marco para realizar compras u homologación de obras.
DESARROLLO
El nuevo convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, sin perjuicio de la renovación anual automática por un periodo máximo de otros cuatro años, regula la colaboración entre las partes que tratarán de fomentar la adhesión de los municipios, las diputaciones y las comarcas a los sistemas de compra centralizados. El Gobierno de Aragón tratará de realizar nuevas propuestas en materia de contratación centralizada, analizará las posibilidades de adaptación del sistema electrónico de compra centralizada de manera que se incorporen como usuarios las entidades que soliciten su adhesión. Asimismo, se encargará de formar a la persona encargada de la divulgación y fomento de estos mecanismos para que pueda aportar una orientación adecuada sobre el procedimiento de adhesión, los servicios, los suministros y los contratos que son susceptibles de tramitarse por un sistema centralizado.
La FAMCP, que tendrá un representante en calidad de oyente en las comisiones de contratación centralizada, tendrá una labor fundamental en la difusión de la información, ya sea mediante jornadas, distribución de correos o cualquier otro soporte que permita ampliar el número de entidades que se incorporan a estos sistemas de racionalización de la contratación.
El convenio suscrito no comporta gasto alguno para las partes firmantes, ya que se centra en la colaboración y la prestación de información.
AMBICIOSO PROCESO DE CAMBIO
El convenio entre el Gobierno de Aragón y la FAMCP llega en un momento de profundo y ambicioso proceso de cambio de la contratación aragonesa con el desarrollo de fórmulas que agilizan y simplifican los trámites, pero que a la vez generan ahorros para la Administración y permiten la utilización de la contratación como un mecanismo estratégico para generar responsabilidad social o para mejorar nuestras políticas medioambientales y fomentar un consumo sostenible. Asimismo, la contratación autonómica, dependiente del departamento de Hacienda y Administración Pública, se concibe como uno de los servicios más transversales de la Administración autonómica y uno de los que de manera más directa se está involucrando en el uso eficiente de los recursos públicos y en la modernización de la Administración.
De hecho, en este momento, se está trabajando en un futuro gestor de expedientes de contratación pública que estará integrado por un Registro de licitadores totalmente informatizado, que permitirá reducir los plazos de tramitación, contribuyendo así a la simplificación administrativa y un Registro de Contratos, que favorecerá la rendición de cuentas, homogenizando la recepción de los datos.
De manera paralela, se avanza en la Subasta Electrónica y se participa en el Proyecto ATOM, que es una base de datos que permitirá analizar la información para mejorar continuamente los procesos de contratación pública, al tiempo que se favorece la transparencia. Además, recientemente se ha adjudicado un contrato para la ejecución de un gestor de licitaciones mediante tecnología de registro distribuido, conocida como Blockchain, y se trabaja en el desarrollo de la Ley de Contratos de Aragón que ha de ordenar todos los procedimientos y los nuevos instrumentos de gestión.
Luis Zubieta, presidente de la FAMCP, ha comentado que muchos municipios y comarcas se han adherido ya a los convenios marco licitados por el Gobierno de Aragón y desde la FAMCP se seguirá impulsando la utilización de esta herramienta de contratación centralizada en el futuro, conscientes de que es un instrumento de gran utilidad para las entidades locales aragonesas.
