Desde la izquierda, Carmen Sánchez, Mª Victoria Broto y Eduardo Insunza firman el convenio en presencia de Javier Lambán.

El objetivo es evitar la suspensión del suministro de electricidad o de gas en el domicilio habitual por impago a aquellas personas en situación de emergencia social

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Carmen Sánchez, y el director de Ventas de Iberdrola, Eduardo Insunza, han firmado, en presencia del presidente de Aragón, Javier Lambán, un convenio cuyo objetivo es evitar la suspensión del suministro eléctrico y de gas por impago de la factura o el restablecimiento del mismo en el caso de que se haya efectuado el corte a aquellas personas que estén en situación de emergencia social y que puedan ser beneficiarias de una prestación económica de ayuda de urgencia destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha recordado que el Gobierno que preside y en virtud de los acuerdos de investidura firmados con otras fuerzas progresistas, situó como prioridad  el combate contra la pobreza y la exclusión social, comenzando por aquellas carencias “más lacerantes”, como la falta de suministros de agua, electricidad o gas, “necesarias para una vida digna”.

Tras el convenio suscrito con Endesa, hoy se ha firmado con Iberdrola, con idéntico propósito y sentido  que,  según ha explicado Lambán, trata de no dejar indefensas a aquellas personas por razones de impago, y  no queden privados del suministro de luz y gas, y  que los servicios sociales tengan tiempo suficiente para actuar en espera de que la situación de estas familias mejore.

Lambán ha asegurado que “las políticas sociales sin los ayuntamientos serían imposibles de gestionar”, por lo que ha agradecido su labor para que muchos aragoneses “hayan podido capear el temporal”, además de agradecer a FAMCP y a Iberdrola este compromiso de atención preferente a quien más lo necesita.

El procedimiento

Según el contenido del convenio quedarán excluidos del acuerdo aquellos casos en los que se detecte una situación de conexión fraudulenta a la red atribuible al consumidor, cuya gestión corresponde, además, a las empresas suministradoras.

El procedimiento para evitar el corte del suministro se basará en un informe de los servicios sociales. Cuando estos detectan el caso de una persona a quien Iberdrola le haya dirigido un requerimiento de pago, realizarán una valoración técnica de la situación en la que se encuentra esta persona para determinar su puede ser beneficiario de la ayuda de urgencia. Si es así, pondrá la circunstancia en conocimiento de Iberdrola.

El convenio obliga a la empresa suministradora a mantener el suministro de electricidad a dicho usuario mientras se gestiona la concesión de la ayuda de urgencia destinada al pago de la factura adeudada y siempre que este abono tenga lugar dentro de los tres meses siguientes a la comunicación de los servicios sociales. La deuda será saldada mediante el abono directo que realicen los servicios sociales de las administraciones locales a Iberdrola.

En el caso de que el suministro ya se haya suspendido como consecuencia de impago, se procederá a la evaluación técnica por parte de los servicios sociales para la concesión de la ayuda correspondiente. Si el informe es favorable, se pondrá en conocimiento de la empresa suministradora quien solicitará, de modo inmediato, al distribuidor que reanude el servicio.

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y la FAMCP colaborarán con las entidades locales para adoptar las medidas que sean necesarias para facilitar el desarrollo de este convenio en sus localidades. Una comisión de seguimiento de la que formarán parte representantes del Gobierno de Aragón, de la FAMCP y de Iberdrola se hará cargo del seguimiento del convenio.

Este convenio, responde, por una parte, a la aplicación del plan de emergencia social aprobado por el Gobierno de Aragón y, por otra, a la aplicación por parte de Iberdrola de un procedimiento de protección a clientes económicamente vulnerables.

 Anexo

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