Evitar que las familias aragonesas que se encuentran en situación de vulnerabilidad se queden sin luz o sin gas; ese es el objetivo del convenio entre el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y Endesa para la protección de las personas y familias aragonesas en situación de vulnerabilidad o urgencia social que ha sido firmado en presencia del presidente de Aragón, Javier Lambán.
En el transcurso del acto, Lambán ha recordado que un 30% de las familias aragonesas se encuentran en riesgo de exclusión social y que muchas se encuentran, “literalmente amenazadas de que se les corte un suministro tan absolutamente fundamental y prioritario para sobrevivir como es la energía eléctrica o el gas”.
Precisamente para poner freno a esta situación, se ha firmado este convenio que tiene antecedentes en algunas ciudades aragonesas, pero que ahora se extiende a toda la Comunidad.
El acuerdo ha sido rubricado por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; la presidenta de la FAMCP, Carmen Sánchez, y el director general de Endesa-Aragón, Ignacio Blanco.
El presidente de Aragón ha recordado que este convenio se encuentra entre las acciones del recientemente aprobado Decreto Ley del de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda y cuyo objetivo es abordar de manera inmediata la delicada situación de emergencia social que viven muchas familias aragonesas por la disminución de ingresos en sus hogares.
El convenio que se ha firmado entre Gobierno de Aragón, FAMCP y Endesa tiene como objetivo evitar la suspensión del suministro eléctrico o garantizar el restablecimiento del mismo, en el caso de que se haya efectuado el corte, por impago a aquellas personas que estén en situación de emergencia social y que puedan ser beneficiarias de una prestación económica de ayuda de urgencia destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia. A este convenio se sumará una adenda que afectará de igual forma al suministro de gas llevado a cabo por esta compañía.
Quedarán excluidos de este convenio aquellos casos en los que se detecte una situación de conexión fraudulenta a la red atribuible al consumidor, cuya gestión corresponde, además, a la empresa suministradora.
El procedimiento para evitar el corte del suministro se basará en un informe de los servicios sociales. Cuando estos detecten el caso de una persona a quien Endesa le haya dirigido un requerimiento de pago, realizarán una valoración técnica de la situación en la que se encuentra esa persona para determinar si puede ser beneficiario de la ayuda de urgencia. Si es así, pondrá la circunstancia en conocimiento de Endesa.
El convenio obliga a la empresa a mantener el suministro de electricidad a dicho usuario mientras se gestiona la concesión de la ayuda de urgencia destinada al pago de la factura adeudada y siempre que este abono tenga lugar dentro del mes siguiente a la comunicación de los servicios sociales. La deuda será saldada mediante el abono directo que realicen los servicios sociales de las administraciones locales a Endesa.
En el caso de que el suministro ya se haya suspendido como consecuencia de impago, se procederá a la evaluación técnica por parte de los servicios sociales para la concesión de la ayuda correspondiente. Si el informe es favorable, se pondrá en conocimiento de la empresa suministradora quien solicitará, de modo inmediato, al distribuidor que reanude el servicio.
El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y la FAMCP colaborarán con las entidades locales para adoptar las medidas que sean necesarias para facilitar el desarrollo de este convenio en sus localidades. Además, una comisión de seguimiento de la que formarán parte representantes del Gobierno de Aragón, de la FAMCP y de Endesa supervisará el cumplimiento del convenio.
