El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que incluye ayudas para familias, autónomos y empresas y cuyo impacto económico supera los 115.000 millones de euros de recursos públicos.
Los ayuntamientos podrán destinar parte del superávit de 2019 a financiar políticas sociales.
El Gobierno aprueba también un suplemento de crédito de 300 millones que las comunidades autónomas recibirán para financiar prestaciones básicas de los servicios sociales en apoyo de las familias.
Se establece un mayor plazo para que los contribuyentes puedan atender requerimientos y formular alegaciones.
La flexibilización afecta a los procedimientos ya iniciados, distinguiendo dentro de ellos los trámites abiertos, cuyo plazo se extenderá hasta el 30 de abril, y los que se vayan a abrir, donde el periodo de respuesta del contribuyente se extenderá hasta el 20 de mayo.
La misma ampliación de plazos regirá para el pago de deudas derivadas de una liquidación de la administración, los plazos de pago en periodo ejecutivo y los pagos derivados de aplazamientos y fraccionamientos.
La Administración compensará a los contratistas afectados por el Covid-19 que mantengan el empleo.
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El Consejo de Ministros aprueba un plan de medidas contra el impacto económico del Covid-19
El Gobierno refuerza los mecanismos para dar máxima protección a los trabajadores y evitar la destrucción del empleo en la crisis sanitaria.
Se facilitará la suspensión temporal del empleo, agilizando mecanismos y plazos de los ERTE.
Las prestaciones por desempleo se prorrogarán de manera automática mientras dure la crisis sanitaria.
Los subsidios se podrán cobrar sin haber cotizado el mínimo exigido en la actualidad y el tiempo de paro no computará a efectos de prestaciones futuras.
Los trabajadores que tengan menores o dependientes a cargo contarán con herramientas para adaptar su jornada laboral y poder ejercer su cuidado.
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