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Evitar que las familias aragonesas que se encuentran en situación de vulnerabilidad se queden sin luz o sin gas; ese es el objetivo del convenio entre el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y Endesa para la protección de las personas y familias aragonesas en situación de vulnerabilidad o urgencia social que ha sido firmado en presencia del presidente de Aragón, Javier Lambán.

En el transcurso del acto, Lambán ha recordado que un 30% de las familias aragonesas se encuentran en riesgo de exclusión social y que muchas se encuentran, “literalmente amenazadas de que se les corte un suministro tan absolutamente fundamental y prioritario para sobrevivir como es la energía eléctrica o el gas”.

Precisamente para poner freno a esta situación, se ha firmado este convenio que tiene antecedentes en algunas ciudades aragonesas, pero que ahora se extiende a toda la Comunidad.

El acuerdo ha sido rubricado por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; la presidenta de la FAMCP, Carmen Sánchez, y el director general de Endesa-Aragón, Ignacio Blanco.

El presidente de Aragón ha recordado que este convenio se encuentra entre las acciones del recientemente aprobado Decreto Ley del de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda y cuyo objetivo es abordar de manera inmediata la delicada situación de emergencia social que viven muchas familias aragonesas por la disminución de ingresos en sus hogares.

El convenio que se ha firmado entre Gobierno de Aragón, FAMCP y Endesa tiene como objetivo evitar la suspensión del suministro eléctrico o garantizar el restablecimiento del mismo, en el caso de que se haya efectuado el corte, por impago a aquellas personas que estén en situación de emergencia social y que puedan ser beneficiarias de una prestación económica de ayuda de urgencia destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia. A este convenio se sumará una adenda que afectará de igual forma al suministro de gas llevado a cabo por esta compañía.

Quedarán excluidos de este convenio aquellos casos en los que se detecte una situación de conexión fraudulenta a la red atribuible al consumidor, cuya gestión corresponde, además, a la empresa suministradora.

El procedimiento para evitar el corte del suministro se basará en un informe de los servicios sociales. Cuando estos detecten el caso de una persona a quien Endesa le haya dirigido un requerimiento de pago, realizarán una valoración técnica de la situación en la que se encuentra esa persona para determinar si puede ser beneficiario de la ayuda de urgencia. Si es así, pondrá la circunstancia en conocimiento de Endesa.

El convenio obliga a la empresa a mantener el suministro de electricidad a dicho usuario mientras se gestiona la concesión de la ayuda de urgencia destinada al pago de la factura adeudada y siempre que este abono tenga lugar dentro del mes siguiente a la comunicación de los servicios sociales. La deuda será saldada mediante el abono directo que realicen los servicios sociales de las administraciones locales a Endesa.

En el caso de que el suministro ya se haya suspendido como consecuencia de impago, se procederá a la evaluación técnica por parte de los servicios sociales para la concesión de la ayuda correspondiente. Si el informe es favorable, se pondrá en conocimiento de la empresa suministradora quien solicitará, de modo inmediato, al distribuidor que reanude el servicio.

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y la FAMCP colaborarán con las entidades locales para adoptar las medidas que sean necesarias para facilitar el desarrollo de este convenio en sus localidades. Además, una comisión de seguimiento de la que formarán parte representantes del Gobierno de Aragón, de la FAMCP y de Endesa supervisará el cumplimiento del convenio.

El intercambio de información y la coordinación de las actuaciones de las diferentes Administraciones implicadas en la reparación de las motas y las infraestructuras urbanas y agrarias dañadas por las avenidas del río Ebro fue el motivo de la reunión celebrada el 9 de diciembre en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). A la convocatoria asistieron representantes de esa institución, del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, de la Diputación de Zaragoza, y los miembros de la Comisión de Municipios afectados por el Ebro, integrada en la FAMCP.

Para el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, las actuaciones comprometidas por el Gobierno de Aragón tras las riadas de la pasada primavera están prácticamente finalizadas, por lo que es el momento de “pensar en cómo coordinarse para estar mejor preparados” ante futuras avenidas del río.

Desde la izquierda, José Luis Castellano, Francisco Compés, Lorenzo Polanco, Raimundo Lafuente, Joaquín Olona y Carmen Sánchez, en la mesa que presidió la reunión.

Por su parte, el presidente de la CHE, Raimundo Lafuente, cifró en casi 350 las intervenciones de reparación acometidas con un presupuesto de 30 millones de euros. En su opinión, con las obras realizadas, en una futura avenida del río se estará “en mejores condiciones” y los daños “serán menores” en caso de una avenida de similares características.

El diputado delegado de recursos agrarios de la DPZ, Francisco Compés, puntualizó que la actuación de la institución provincial se ha centrado en la mejora de los caminos dañados. De los 30 municipios afectados ya se ha actuado en 28 y en los 2 restantes se van a cometer las reparaciones de forma inmediata.

El presidente de la Comisión de Municipios afectados por el Ebro y alcalde de Pradilla, Luis Eduardo Moncín, reivindicó “actuaciones de cara al futuro”, para lo que apostó por un cambio de normativa para “limpiar el cauce del río, porque el agua no puede pasar y el nivel cada vez es más alto”. En su opinión, una nueva riada de características similares a las de la pasada primavera tendría peores consecuencias.

El alcalde de Pradilla, Luis Eduardo Moncín, atiende a los medios.

En la reunión también participó la presidenta de la FAMCP, Carmen Sánchez, que animó a los alcaldes a seguir defendiendo los intereses de sus municipios y a los representantes de las demás Administraciones públicas a tener en cuenta las opiniones y la experiencia de los responsables municipales.

Entre las propuestas presentadas en la reunión destacó la de crear una ponencia sobre inundaciones en el seno de la Comisión del Agua, planteada por el secretario general del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, José Luis Castellano.

Organizado por la Fundación Ramón Sáinz de Varanda, estudia y analiza novedades legislativas relacionadas con las administraciones locales

La primera sesión académica de la novena edición del Seminario de Derecho Local se ha celebrado en el antiguo salón de plenos de la Diputación de Zaragoza. Al acto de inauguración ha asistido la presidenta de la FAMCP, Carmen Sánchez, que ha estado acompañada por el director del Seminario y presidente de la Fundación, el catedrático Antonio Embid, Fernando Sáinz de Varanda, hijo del exalcalde de Zaragoza, del que la Fundación toma su nombre, y el jefe del Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, Francisco Martínez.
Con los ochenta alumnos inscritos en esta novena edición, son ya 700 las personas que han ampliado y actualizado su formación en estos prestigiosos cursos dedicados a estudiar y analizar las novedades legislativas y jurisprudenciales del régimen local. En el Seminario, un nutrido grupo de profesores de Derecho público de la Universidad de Zaragoza y altos funcionarios de distintas Administraciones públicas imparten conferencias sobre temas de actualidad nacional del Gobierno local, y presentan ponencias que versan sobre materia local específica como contratación, bienes, obras, patrimonio, urbanismo,  o régimen financiero de las entidades locales.