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El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, se ha reunido con la presidenta, Carmen Sánchez

En una reunión celebrada esta mañana en el Edificio Pignatelli, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha presentado a la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmen Sánchez, el contenido del anteproyecto de Ley de la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la Comunidad Autónoma de Aragón (PICA). En el encuentro también han participado el director general de Administración Local, Sergio Pérez, y el secretario general de la FAMCP, Martín Nicolás.

El consejero de Presidencia ha constatado la sintonía sobre las líneas básicas de su propuesta, fundamental para llevar el anteproyecto al Consejo de Gobierno lo antes posible y enviarlo a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Guillén considera que hay “muchísimos puntos de encuentro” con la organización que representa a los entes locales de la Comunidad, lo cual, “da pie para contar con el apoyo de los municipios aragoneses”. Este apoyo es “imprescindible para llevar el anteproyecto al Consejo de Gobierno”, lo que el Departamento de Presidencia quiere hacer “lo antes posible”, máxime ahora tras cotejar el respaldo municipalista a las líneas generales más allá de las mejoras y las aportaciones que se puedan incorporar más adelante.

Para la presidenta de la FAMCP, “es fundamental que el Fondo de Cooperación Municipal pase a ser una ley y no esté el albur del consejero de turno que lo pueda reducir a la mitad o incluso eliminarlo”.

Carmen Sánchez ha confiado en que el proyecto de ley llegue “pronto” al Parlamento aragonés y ha insistido en que “para los ayuntamientos es muy importante saber con qué cantidad vamos a contar por parte del Gobierno de Aragón” para afrontar tanto el gasto corriente como cualquier otro tipo de actuaciones, ya que se trata de financiación incondicionada.

Una vez aprobada, la futura Ley de la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la Comunidad Autónoma de Aragón supondrá un importante avance que dará solución a una de las reivindicaciones más importantes del mundo local. La aprobación de esta Ley llevará consigo la desaparición del actual Fondo de Cooperación Municipal y su sustitución por otro, también incondicionado, cuyos destinatarios serán todos los municipios de Aragón. De esta manera, el Gobierno pretende que la financiación local esté estrechamente ligada, además de a la población de cada localidad, al protagonismo del municipio en el marco territorial de Aragón.

El pasado mes de enero, durante la presentación de los Presupuestos del Departamento de Presidencia en las Cortes, Vicente Guillén ya anunció que “la autonomía municipal se reforzará con la puesta en marcha prevista este año de la PICA”.

El Fondo de Cooperación Municipal ha subido a 20,7 millones de euros este año, frente a los 18 millones del año pasado, aunque en 2015, al inicio de la actual legislatura, eran sólo 9,6. Con la nueva ley, las cantidades que se establezcan tendrán asegurada ya su permanencia en el tiempo.

“El objetivo es garantizar la estabilidad financiera de los municipios para el ejercicio de sus competencias, en definitiva, asegurar la autonomía municipal, creando un sistema objetivo, transparente, integrado y solidario”, ha apuntado el consejero de Presidencia.

Vicente Guillén ha explicado que junto al Fondo de Cooperación Municipal figuran otras aportaciones directas del Gobierno de Aragón a los ayuntamientos aragoneses como las destinadas a Zaragoza con la Ley de Capitalidad, de 8 millones de euros para este año, y las de los convenios para inversiones con los ayuntamientos de Huesca y Teruel, que con la PICA cambiarán esta fórmula por la de una financiación incondicionada y mejorada, como el resto de los municipios aragoneses.

El nuevo marco financiero que establecerá la PICA, junto a la creación en curso de la Comarca Central y la Ley de Capitalidad ya en marcha, cerrarán la estructura institucional territorial de la Comunidad Autónoma y darán respuesta a una demanda histórica del municipalismo aragonés.

El pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla­mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ha su­puesto atribuir un mayor protagonismo a los principios fundamentales que inspiran la norma­tiva europea de contratación pública, potenciando muy especialmente los de concurrencia, publicidad y transparencia e integridad.

En relación con el contrato menor, durante la tramitación parlamentaria de la Ley, se introdujo la prohibición de que un mismo contratista suscriba contratos menores por importe que, individual o conjuntamente, supere los umbrales previstos.

No obstante, tal y como señaló la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en su Informe 3/2018, de 13 de febrero, dicha prohibición debería ceñirse única y exclusivamente a los supuestos de adjudicación directa en los que no haya habido publicidad o concurrencia.

La aplicación de la prohibición a que se refiere el artículo 118.3 de la Ley 9/2017, en los supuestos en los que hay publicidad de la licitación y cualquier interesado puede concurrir a la misma, y en los que el contrato se adjudica a la mejor oferta, carecería de todo sentido y sería contrario al principio de igualdad de trato a los licitadores. Supondría “de facto” una prohibición de contratar para quien presenta la mejor oferta en respuesta a un anuncio de licitación en el perfil de contratante en el marco de un contrato de pequeña cuantía. Y sería absolutamente incoherente, si lo comparamos con el resto de procedimientos, abiertos o restringidos, caracterizados por esa misma publicidad que ahora se regula en relación con el procedimiento de contrato menor, y en los que no se dispone prohibición de contratar futura para quien resulte adjudicatario de los mismos.

En este sentido, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Auto­nomía de Aragón, ejerciendo las competencias establecidas en los apartados 11.º y 12.º del artículo 75 del Estatuto de Autonomía, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administra­ción Pública, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 20 de marzo de 2018, por Decreto Ley 1/2018, de 20 de marzo, de medidas urgentes para la agilización, racio­nalización y transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía, se ha modificado  la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, añadiendo un segundo párrafo al apartado 2 del artículo 4, que queda redactado del si­guiente modo:

 “2. La licitación de los contratos menores, cualquiera que sea su cuantía, podrá ser objeto de publicidad en el perfil de contratante. En tal caso, el plazo para la presentación de proposi­ciones no podrá ser inferior a cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. En el anuncio se identificará el objeto del contrato y las prestaciones que lo integran, los criterios de adjudicación, y cualesquiera cir­cunstancias que hayan de tenerse en cuenta durante la ejecución del mismo. Podrá presentar proposición cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Los contratos menores adjudicados con publicación de un anuncio de licitación no limitarán la adjudicación de ulteriores contratos menores por el mismo procedimiento. La celebración de contratos menores se consignará en el registro de contratos de la entidad contratante”.

En este enlace se puede acceder al texto del Decreto Ley de medidas urgentes para la agilización, racionalización y transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía.

La Comisión de Servicios Públicos y Financiación de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), en su reunión del 6 de marzo, contó con la participación del vicepresidente del Consejo Escolar de Aragón, José Antonio Edo, que abordó con los representantes locales el desarrollo de los consejos escolares municipales y les presentó el informe sobre la situación del sistema educativo en Aragón del año 2017.

El informe aborda la demografía y la distribución de la población escolar aragonesa, y analiza los recursos humanos, el alumnado, los centros, los programas educativos y los servicios complementarios, además de la participación de la comunidad educativa.

Por otra parte, la Comisión de Servicios Públicos y Financiación acordó apoyar la moción de la Diputación Provincial de Huesca sobre los ingresos del impuesto de actividades económicas que perciben los municipios con centrales hidroeléctricas, así como la de la Diputación Provincial de Teruel de rechazo al cierre de centrales térmicas.

Las propuestas de la FEMP se recogen en la declaración aprobada por su Consejo territorial

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, explicó ayer ante casi tres centenares de alcaldes y alcaldesas que en un plazo de 15 ó 20 días estará disponible el Decreto Ley que hará posible la reinversión del superávit de las corporaciones locales. A eso se comprometió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una reunión con el presidente y los vicepresidentes de la FEMP celebrada el día anterior.

La elaboración, por primera vez, de un Decreto Ley que permita actuar de manera específica en la reinversión del superávit ha recibido una valoración favorable por parte de los responsables locales congregados en la FEMP, desde donde se remitirá muy pronto al Gobierno un listado con las áreas de reinversión del superávit que actualmente no aparecen contempladas como “financieramente sostenibles”, inversiones tales como infraestructuras educativas, sociales, culturales, deportivas y de seguridad, entre otras.

Las propuestas de la FEMP se recogen en la declaración aprobada por su Consejo territorial, máximo órgano de gobierno de la organización municipalista. En el documento se insta al Gobierno a modificar la Ley de Haciendas Locales para que se considere inversión financieramente sostenible el gasto en cualquier materia que sea competencia de las entidades locales y cumpla con los objetivos de estabilidad presupuestaria. En este sentido, también se pide retomar de forma urgente las conversaciones para flexibilizar la metodología de la regla de gasto y el cálculo del techo de gasto de las corporaciones locales.

José Ramón Ibáñez, alcalde de Calanda; Carmen Sánchez, presidenta de la FAMCP; Abel Caballero, presidente de la FEMP; y José María Becerril, alcalde de Alagón.

El Consejo territorial de la FEMP también pide que se elimine la tasa de reposición para que las entidades que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria puedan ofertar empleo público para recuperar los puestos de trabajo perdidos.

Por otra parte, se reclama el inicio inmediato de las negociaciones para modificar la financiación local, y que se compense a los ayuntamientos por las devoluciones que deban efectuar del impuesto de plusvalía.

Declaración del Consejo territorial de la FEMP.

La segunda mesa técnica para abordar la reforma del Impuesto de Contaminación del Agua (ICA), convocada por el Gobierno de Aragón, ha servido para avanzar en las propuestas hechas por los diferentes representantes implicados en la materia. De hecho, lo primero que ha hecho la directora del Instituto Aragonés de Agua, Inés Torralba, ha sido agradecer la rapidez con la que se ha respondido en tiempo y forma.

En la reunión de hoy, celebrada en el departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, tanto los representantes participantes como el Gobierno de Aragón han tenido la oportunidad de explicar y debatir sus respectivas propuestas. De este modo, el debate ha girado en torno a los diferentes planteamientos de reforma, con el objetivo de fijar un acuerdo en torno a objetivos y líneas de trabajo para seguir avanzando. Los diferentes colectivos han acordado volver a reunirse en las próximas semanas para seguir trabajando.

La directora ha lamentado de nuevo la ausencia del Ayuntamiento de Zaragoza, “que esta mañana ha enviado un correo electrónico diciendo que considera que este tema no es propio de una mesa técnica, sino del ámbito político, y ha solicitado la reunión de la comisión bilateral prevista en la Ley de Capitalidad”. En este sentido, Torralba ha dicho que “es una pena, porque las aportaciones del ayuntamiento que representa a más de la mitad de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma es una carencia importante para una mesa de debate donde queremos tener todos los puntos de vista para elaborar una buena propuesta de consenso para la reforma del ICA”.

En cuanto a la propuesta realizada por el Gobierno de Aragón, la directora del IAA ha dicho que el Ejecutivo sigue insistiendo en “los beneficios fiscales, en las exenciones y bonificaciones vinculadas a la situación subjetiva de cada consumidor, en que es impuesto solidario que permite cubrir los gastos del ciclo urbano del agua en todo nuestro territorio, teniendo en cuenta su dispersión, y en la necesidad de cumplir con los principios comunitarios de recuperación de costes y de quien contamina paga”.

En la reunión han estado presentes las asociaciones de consumidores Torre Ramona, San Jorge y UCA; la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP); representantes de CEPYME y CEOE-Aragón; el clúster para el uso eficiente del agua Zinnae y la Red Agua Pública de Aragón (RAPA).

Por parte del Gobierno de Aragón han tomado parte de la mesa el director general de Tributos, Francisco Pozuelo, la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Rosa María Cihuelo, la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba y el secretario general técnico del Departamento Desarrollo Rural y Sostenibilidad, José Luis Castellano.

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha entregado al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la propuesta sobre la modificación y reforma del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) aprobada recientemente por la Comisión Ejecutiva de la organización municipalista. Los vicepresidentes Ignacio Herrero y Jesús Pérez, acompañados del secretario general, Martín Nicolás, han participado en una reunión con el presidente del Gobierno aragonés, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, para tratar sobre los cambios en la aplicación del ICA. En la misma jornada, los miembros del Gobierno de Aragón también se han reunido con representantes de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA).

En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha asegurado que el Gobierno “comparte muchos puntos, tanto con la RAPA, como con la FAMCP” y ha subrayado la “responsabilidad” de ambas organizaciones, que acudirán a la reunión de la mesa técnica que se celebra este jueves, 8 de febrero, para hablar sobre la reforma del impuesto. Para Joaquín Olona, “estamos ante una cuestión de carácter autonómico en la que es imprescindible tener en cuenta todas las sensibilidades y especialmente la de todos los municipios de Aragón”.

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy resolver favorablemente sobre la procedencia y vialidad de la Comarca Central, que supondrá el cierre del mapa institucional de la Comunidad Autónoma y facilitará una prestación más eficaz de los servicios públicos del territorio que comprende. Al mismo tiempo se encarga ya al Departamento de Presidencia la redacción del anteproyecto de ley de creación de esta comarca, que se someterá después a información pública por el plazo de cuatro meses.

La iniciativa de creación de la Comarca Central ha sido adoptada mediante acuerdo de los plenos de 20 de los 21 ayuntamientos que integran la Delimitación Comarcal de Zaragoza, todos excepto el de Villanueva de Gállego, donde se produjo en su día un empate que resolvió el voto de calidad del alcalde. Todos los demás ayuntamientos respaldaron y promovieron la creación de la que será la comarca número 33 de Aragón: Alfajarín, Botorrita, El Burgo de Ebro, Cadrete, Cuarte de Huerva, Fuentes de Ebro, Jaulín, María de Huerva, Mediana de Aragón, Mozota, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, La Pueba de Alfindén, San Mateo de Gállego, Utebo, Villafranca de Ebro, Villamayor de Gállego, Zuera y, finalmente, Zaragoza.

La incorporación de la capital aragonesa, aprobada por unanimidad en el pleno municipal del pasado 31 de enero, ha permitido alcanzar el quorum establecido en la Ley de Comarcalización de Aragón de una representación superior a dos tercios del censo electoral de los municipios afectados. Con anterioridad ya se cumplía holgadamente el otro requisito de que los ayuntamientos promotores de la nueva comarca superasen las dos terceras partes de su número total.

La resolución del Gobierno de Aragón a favor de la Comarca Central se adopta a propuesta de los consejeros de Presidencia, Vicente Guillén, y de Vertebración Territorial, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, cuyos directores generales de Administración Local, Sergio Pérez, y de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, habían informado favorablemente la viabilidad y procedencia de la iniciativa.

En dicho informe y en el acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy se señala la colaboración que ha mantenido en este proceso la Mancomunidad Central de Zaragoza, declarada en su día de interés comarcal y cuyo presidente, el alcalde de Utebo, Miguel Dalmau, mostró su respaldo a la Comarca Central junto a los representantes del Gobierno y los presidentes de las 32 comarcas constituidas hasta el momento en el último Consejo de Cooperación Comarcal del 22 de diciembre.

El informe previo al acuerdo de hoy recuerda la Ley de Capitalidad que aprobaron el año pasado las Cortes de Aragón –donde se reconoce la singularidad de Zaragoza-, y se señala que la Comarca Central se basa “en un estudio documentado en el que se justifica su creación, se constata la existencia de unos vínculos, relaciones e intereses comunes que la configuran y se contemplan los distintos aspectos, competencias y organización”.

“La creación de la Comarca Central va a suponer una más eficaz prestación de los servicios públicos en el territorio que comprende, como se desprende de la documentación presentada”, sostiene este informe.

Además de la redacción del anteproyecto de ley, el Consejo de Gobierno ha encargado al Departamento de Presidencia que, partiendo del trabajo previo con las entidades locales de la Delimitación Comarcal de Zaragoza desarrolle y complete en colaboración con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales el proceso de participación ciudadana y d colaboración en este proyecto normativo. Una colaboración que, según establece el acuerdo, se articulará “a través de los instrumentos de participación más adecuados a su contenido”, en cumplimiento de la Ley de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

En la reunión celebrada esta mañana en Zaragoza, la Comisión Ejecutiva de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha aprobado una serie de propuestas que hará llegar a la Mesa creada por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón para abordar la modificación y reforma del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA).

La organización municipalista manifiesta su respaldo a los esfuerzos de las administraciones por incorporar un mecanismo fiscal que dé cumplimiento a las medidas medioambientales exigibles, así como su apoyo a los ayuntamientos que tratan de cumplir con sus obligaciones en cuanto a la depuración de las aguas residuales.

La FAMCP considera que existe un alto grado de convencimiento entre los ayuntamientos aragoneses sobre la necesidad de contribuir al sostenimiento del medio ambiente y conseguir que nuestros ríos estén limpios. Sin embargo, ese espíritu medioambiental debe reforzarse con la atención a las demandas de los ciudadanos y la compensación a sus esfuerzos en un territorio desequilibrado en el que, sin la solidaridad de todos, algunos no podrían cumplir con sus obligaciones y resolver sus necesidades.

La presidenta de la FAMCP, Carmen Sánchez, informó sobre los acuerdos de la Ejecutiva.

Para la FAMCP, el equilibrio entre los ciudadanos aragoneses con respecto al ICA es correcto, y paga lo mismo el usuario de Zaragoza que el de cualquier otro municipio. No obstante, aboga por compensar a los ayuntamientos que carecen de depuradora por las sanciones que les imponen desde otras administraciones al no haber llegado al cumplimiento de sus obligaciones no contaminantes.

Desde la FAMCP siempre se ha defendido y creído el criterio de solidaridad entre todos los ciudadanos de Aragón, aunque la aplicación del ICA al conjunto de los usuarios aragoneses no debe ser sistemática e insensible, sino contemplar las circunstancias y el esfuerzo realizado por cada uno.

Así, la FAMCP plantea modificar la norma de aplicación del ICA para contemplar criterios como las circunstancias de vulnerabilidad o exclusión social de las familias, introducir en las tarifas del impuesto reformas que fomenten el ahorro del agua y el compromiso con la idea de no contaminar.

Declaración de la FAMCP  sobre el Impuesto de contaminación de las aguas. 

Propuestas para la revisión del ICA.