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La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, se ha reunido por vía telemática con los presidentes de las tres diputaciones provinciales, Miguel Gracia (DPH), Manuel Rando (DPT), y Juan Antonio Sánchez Quero (DPZ), y el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, para reforzar la coordinación con los entes locales en las acciones encaminadas a combatir los efectos de la pandemia del coronavirus.

En la reunión se ha tratado de la adquisición de material higiénico y sanitario por parte de diputaciones y ayuntamientos, así como de las prioridades locales en la puesta en marcha del planpara larecuperación económica y social.

En el encuentro se ha abordado la manera de compaginar las iniciativas aprobadas por las corporaciones locales para impulsar la reactivación del tejido económico de los municipios con las medidas de apoyo procedentes de la administración autonómica.

En ese sentido, el presidente de la FAMCP considera que “desde las entidades locales debemos dar un paso al frente y prepararnos para el día después de esta crisis sanitaria, vamos a trabajar en el diseño de las acciones y de esa hoja de ruta que nos permitirá reactivar la economía local, y reforzar y colaborar con los proyectos del resto de administraciones y agentes socialesde Aragón”.

La Comisión Ejecutiva de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha mantenido esta mañana su primera reunión de forma telemática por las medidas sanitarias y de distanciamiento social relacionadas con la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Entre los asuntos abordados destacan la aprobación de la memoria de actividad correspondiente al año 2019, una modificación presupuestaria para el actual ejercicio económico y sendos convenios de colaboración con la Asociación de Madres Solas Amasol y con Red Eléctrica de España.

En la reunión, el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, agradeció la labor que se está desarrollando desde los ayuntamientos para combatir la pandemia y destacó el papel de coordinación y de trasmisión de información desempeñado por la Federación durante esta crisis sanitaria, además de su participación en la Mesa para la recuperación social y económica puesta en marcha por el Gobierno de Aragón.

El convenio acordado con Amasol, al que podrán adherirse las corporaciones locales aragonesas que lo deseen, persigue la inclusión de la categoría de familia monomarental o monoparental como grupo especial en la percepción de los servicios municipales, así como promover deducciones o bonificaciones a estas familias en el trasporte urbano, las tasas de agua y basuras, escuelas infantiles y ludotecas, instalaciones deportivas, e impuestos como el IBI.

Por su parte, el convenio alcanzado con Red Eléctrica de España facilita el desarrollo de acciones de interés relacionadas con el fomento de la movilidad sostenible, la reducción de la brecha digital en el medio rural, el apoyo a la innovación local y el impulso a la difusión del nuevo modelo de transición energética.

Hace más o menos un año, los municipios españoles vivían la lógica actividad política que conlleva la elaboración de las listas electorales y la redacción de programas con los que presentarse a las elecciones municipales convocadas para el 26 de mayo. Quien más, quien menos propuso rebajar este o aquel impuesto, hacer una u otra obra, reformar, mejorar o impulsar el desarrollo de algún servicio, infraestructura o actividad municipal. Todos priorizamos una serie de actuaciones para ser las estrellas de los programas electorales y dejamos como secundarias otras porque las consideramos menos importantes para el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Ilusionados con la presentación de los primeros presupuestos municipales del mandato, incluimos partidas económicas con las que ir desarrollando los proyectos que habíamos propuesto en nuestros programas.

La aparición de un nuevo virus llamado Covid 19 y su propagación hasta convertirse en pandemia nos ha obligado a todos a aparcar los planes que teníamos previsto llevar a cabo para ocuparnos de lo urgente y verdaderamente importante: velar y proteger la salud de la ciudadanía. Aquellos presupuestos presentados y aprobados para un año como cualquier otro van a servir de poco en 2020, ya que ahora tenemos que hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria que trae aparejada una situación social y económica sin precedentes a la que tendremos que destinar nuestros recursos municipales y los que aporten las demás administraciones públicas.

Todas las contribuciones van a ser necesarias y posiblemente se queden cortas para cubrir las innumerables necesidades que se nos presentarán. Es por eso más importante que nunca que ante la crisis provocada por el Covid 19 las entidades locales puedan hacer uso del superávit y de los saldos bancarios de que disponen, que en el conjunto de Aragón ascienden a 700 millones de euros. Para que ayuntamientos, comarcas y diputaciones provinciales puedan sumar sus remanentes a combatir los efectos sociales y económicos de la pandemia es necesario que se levanten las trabas impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Durante la anterior crisis económica, las entidades locales han sido capaces de hacer más con menos y han dado ejemplo de austeridad y eficacia. Ahora es el momento para que se permita destinar los ahorros municipales a impulsar el tejido económico de cada localidad y ayudar con nuestros propios medios a las personas y las empresas que más lo necesiten.

Eso, en coordinación con el Plan Aragonés de Recuperación Social y Económica impulsado por el Gobierno de Aragón, donde están todos los partidos políticos con presencia en las Cortes de Aragón, representantes empresariales, sindicales y la FAMCP. Porque sumando por Aragón saldremos antes y mejor de esta crisis.

Una vez superada la crisis sanitaria habrá que atender las demandas sociales que ya están apareciendo como secuela del impacto mundial del coronavirus.

En otro plano, como hicimos en la redacción del programa electoral con las propuestas secundarias, están quedando la celebración o no de las fiestas locales, la apertura de las piscinas municipales, la recuperación de las actividades deportivas y sociales programadas en casi todas las localidades, o si podremos ir pronto al huerto para plantar y cuidar las hortalizas que llenarán de alimentos saludables muchas mesas.

Todo llegará, el huerto, las actividades, los baños y los bailes, a su debido tiempo, que será cuando lo indiquen las autoridades sanitarias. Mientras tanto, debemos seguir sus indicaciones para no resultar contagiados y así no contagiar.

Quién nos iba a decir hace un año que una pandemia cambiaría los planes que teníamos para nuestros pueblos. Como responsables municipales estamos arrimando el hombro en esta situación sobrevenida y estoy seguro de que continuaremos haciéndolo por la voluntad de servicio que lleva implícito el cargo que ocupamos.

Deseo que mantengamos la serenidad y la responsabilidad en estos días difíciles.

Mucha suerte a todas y a todos en vuestra gestión diaria para hacer frente a esta crisis,

Luis  Zubieta

Presidente de la FAMCP

En la tarde del martes 21 de abril se ha celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli la primera reunión técnica de la Mesa para la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, formada por representantes del Gobierno de Aragón, de los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes de Aragón, por los cuatros agentes sociales que operan en la Comunidad Autónoma, y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).

La reunión celebrada en la sede del Gobierno de Aragón es continuidad de la del pasado viernes en el mismo escenario presidida por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

En la reunión se habló sobre los objetivos, la metodología de trabajo y la planificación de los propios trabajos de la Mesa para conseguir la máxima eficacia en un espacio de tiempo lo más corto posible y establecer las medidas concretas.

La propuesta inicial pasa por avanzar en varios sectoriales, en un número lo más reducido posible, que trabajaría sobre materias homogéneas, trabajos que estarían coordinados por una mesa permanente para mantener un mismo hilo conductor.

Se acordó que los integrantes de la Mesa recabarían informes de en sus respectivas organizaciones, así como de otros actores externos.

La propuesta inicial pasa, por tanto, por articular cuatro bloques o áreas de trabajo para que en cada uno de ellos emerjan medidas concretas, siempre en el plazo más breve posible, entre otras cosas por la situación de las pequeñas empresas, autónomos o sectores más desfavorecidos, entre otros sectores sociales y económicos.

Un primer bloque o área de trabajo será el del territorio, en el que quedarían incluidos propuestas y medidas en torno a las administraciones locales, desarrollo sostenible, sostenibilidad, medio ambiente y digitalización, entre otros temas.

Las políticas sociales constituirían el segundo bloque, con materia relacionadas con el campo sanitario, los servicios sociales, la educación, la cultura, la Universidad y el deporte.

El tercer campo de actuación sería el macroeconómico, donde cabrían propuestas sobre los proyectos estratégicos de la Comunidad Autónoma y su tejido productivo, las obras públicas, y la internacionalización de las empresas aragonesas.

Finalmente, la última de las áreas de trabajo estaría referida a los diversos campos de la microeconomía como el empleo, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, y tributos, entre otras cuestiones.

En el turno de intervenciones entre los asistentes fueron compartidas las opiniones sobre la importancia de llegar a un acuerdo sobre las materias que son competencia de la Comunidad Autónoma, en la flexibilidad de la metodología de trabajo y en la importancia de caminar hacia la senda de la actividad normal a través de un mensaje de unidad que perciba nítidamente la sociedad aragonesa, así como la necesidad imperiosa de aportaciones para concretarlas en tareas ejecutivas ágiles que lleguen al conjunto de la sociedad aragonesa.

En la reunión estuvieron presentes miembros de los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes de Aragón (PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, Chunta Aragonesista, PAR, Vox e IU); de los agentes sociales (CEOE Aragón, CEPYME, UGT y Comisiones Obreras); y de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), representada por su secretario general, Martín Nicolás.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha reunido hoy a miembros de los ocho partidos con representación parlamentaria, los cuatro agentes sociales y el presidente de la FAMCP, organización que representa a los entes locales de Aragón, con el fin de iniciar un trabajo conjunto que aborde la recuperación económica y social necesaria tras la pandemia.

Esta reunión inicial ha puesto de manifiesto una unanimidad absoluta en cuanto a la actitud, ya que todos comparten la conciencia de la gravedad de la situación y de trabajar juntos para superarla, y bastante coincidencia en cuanto a las prioridades y urgencias que hay que acometer lo antes posible.

Una de las coincidencias ha pasado por encontrar una solución definitiva a los suministros de material, que ahora está encauzada para abastecer a hospitales y residencias pero que también debe garantizarse para los trabajadores, a medida que se recupere la actividad económica.

Igualmente, se volcarán en dedicarse de forma urgente en la problemática de los autónomos y pymes, que ya cuenta con una inicial inyección de liquidez de 53 millones de euros por parte del Gobierno de Aragón, además del aplazamiento del pago de impuestos y la realización de unas operaciones de crédito desde el departamento de Hacienda que han concentrado 1.300 millones de euros que, entre otros fines, también contempla el pago a proveedores.

Asimismo, se ha acordado trabajar en los sectores estratégicos de la Comunidad de Aragón (logística, renovables, agroalimentación) y añadir la industria farmacéutica y sanitaria para estar en disposición de superar la situación “con ciertas garantías de éxito”.

También ha sido unánime la consideración de que hay que trabajar de forma inmediata  y, como consecuencia, el próximo martes tendrá lugar ya la primera mesa técnica de todas las organizaciones reunidas hoy, donde se establecerá el método de trabajo y las posibles subcomisiones a crear para atender las cuestiones concretas económicas, sanitarias y sociales.

La reunión de hoy también ha servido para trasladar a la sociedad aragonesa un “mensaje de seguridad y confianza ante una situación desconocida con devastadoras consecuencias sanitarias y económicas”, según el máximo responsable autonómico. Además, va a poner a prueba a la Administración, que debe reorientar sus actuaciones para este fin y así se ha modificado el presupuesto de la Comunidad para ponerlo a disposición de las urgencias que marca la pandemia. En este sentido, Lambán ha puesto en valor que su Ejecutivo está “acostumbrado a trabajar de forma transversal, pero era necesario ampliarlo al resto de fuerzas políticas, agentes sociales y entes locales”, a quienes ha agradecido su generosidad e implicación.

“Hoy los aragoneses pueden estar más tranquilos que ayer y tener más seguridad y confianza en su futuro y empezar a ver un horizonte de esperanza y nosotros nos hemos comprometido a no defraudar esa expectativa. Es nuestra obligación y la unidad será sinónimo de éxito. Por el contrario, la desunión será sinónimo de fracaso”, ha afirmado Lambán.

En la reunión han participado representantes de los partidos con representación en Cortes de Aragón: Vicente Guillén (PSOE); Luis María Beamonte (PP); Daniel Pérez (CS); Clemente Sánchez Garnica (PAR); Gregorio Briz (CHA), Marta Prades (Podemos), Álvaro Sanz (IU) y David Arranz (Vox). Además, los representantes de los agentes sociales: Daniel Alastuey (UGT); Manuel Pina (CC.OO); Ricardo Mur (CEOE-Aragón) y Aurelio López de Hita (Cepyme). En representación de las entidades locales aragonesas, en la reunión también ha participado el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta.

En el encuentro, Zubieta ha anunciado el compromiso de la FAMCP con esta iniciativa y ha planteado la posición de solidez presupuestaria en que se encuentran las entidades locales para contribuir al impulso y desarrollo del plan de recuperación.

El presidente de la FAMCP ha reivindicado que las entidades locales puedan hacer uso del superávit y de los saldos bancarios de que disponen, que en el conjunto de Aragón ascienden a 700 millones de euros, y ha exigido que se levanten las trabas impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Zubieta también ha solicitado el mantenimiento de la estabilidad de las cuentas públicas de los ayuntamientos, “para lo que es más necesaria que nunca la tramitación parlamentaria de la Ley de Financiación Municipal de Aragón, que permitirá un marco estable presupuestario para los próximos ejercicios económicos”.

El presidente de la FAMCP ha destacado que “desde las entidades locales debemos dar un paso al frente preparándonos para el día después de esta crisis sanitaria, vamos a trabajar en el diseño de las acciones y de esa hoja de ruta que nos permitirá reactivar la economía local, y reforzar y colaborar con los proyectos del resto de administraciones y agentes sociales de Aragón”.

Luis Zubieta ha defendido las iniciativas que desde las corporaciones locales se están realizando en materia sanitaria, seguridad ciudadana, servicios sociales y en el resto de los servicios municipales básicos para la adecuada atención de las necesidades de la población, así como las medidas fiscales y tributarias adoptadas para facilitar a nuestros ciudadanos más vulnerables la salida de la crisis, y la ayuda al tejido empresarial con especial énfasis en apoyo a los autónomos.

El presidente de la FAMCP ha incidido en que “desde el municipalismo aragonés se hace hincapié en el compromiso de las corporaciones locales en trabajar en la concreción y desarrollo del Plan Aragonés para la Recuperación Social y Económica”.

En la reunión telemática mantenida esta mañana por la Comisión permanente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), integrada por el presidente, Luis Zubieta, y los vicepresidentes Joaquín Noé, Ignacio Herrero y Mª Carmen Herrero, en la que también ha participado el secretario general Martín Nicolás, se ha acordado hacer llegar a todas las entidades locales aragonesas un requerimiento para que acaten las normas e indicaciones dictadas por las autoridades sanitarias de ámbito nacional y por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

La Comisión permanente de la FAMCP insta a los responsables de ayuntamientos y comarcas a que no lleven a cabo acciones de carácter sanitario que no sean de estricta competencia municipal, como por ejemplo la adquisición de pruebas de detección del coronavirus o la compra de otros materiales para combatir la extensión de la pandemia.

Ante cualquier necesidad de material sanitario o de otro tipo relacionada con la lucha contra el coronavirus, los responsables de las entidades locales deben dirigirse al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) del Gobierno de Aragón, que se encargará de facilitar lo necesario.

Por otra parte, la Comisión permanente de la FAMCP va a hacer llegar a la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, el punto de vista compartido por numerosos alcaldes para que lo trasmita a las autoridades nacionales competentes. Muchos ayuntamientos están planteando la posibilidad de que los vecinos puedan salir de casa para atender el huerto familiar, llevar a cabo algunos trabajos como la quema de los restos de poda de los olivos, o continuar con la caza de especies cinegéticas que asolan las cosechas, como está ocurriendo con los conejos.

Dadas las características del medio rural aragonés, la Comisión permanente de la FAMCP considera que la paulatina salida del confinamiento podría iniciarse por los pueblos.

Con el comienzo de la crisisdel Covid-19 y la declaración del estado de alarma (RDL 463/2020), el Gobierno de España, el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos aragoneses han adoptado medidas de prevención de carácter sanitario y asistencial, con el fin de que nuestra ciudadanía pueda superar en las mejores condiciones esta crisis.  Nuestra prioridad debe ser cortar de manera efectiva la cadena de transmisión del virus y para ello es necesario que todos secundemos las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Sólo con la colaboración y la solidaridad de todos podremos frenar la propagación de esta pandemia.

Nuestros ayuntamientos desde el momento inicial,y en la línea de otras administraciones,han propiciado desinfecciones, limpieza viaria,  atención social, colaboración con la administración sanitaria, la de protección civil y la de seguridad pública.

Pero además, es evidente que esta crisis sanitaria va a tener un efecto inmediato de carácter social y económico. Por ello, es el momento de estar al servicio de la ciudadanía, al lado de las personas que ya antes eran vulnerables y también de todas aquellas personas que, como consecuencia de esta crisis, se quedarán sin trabajo o verán mermadas sus situaciones económicas. Y por esta razón, hemos de dotarnos de recursos y ayudas para amparar a las familias que lo necesiten.

La Administración del Estado y la Autonómica, con carácter urgente, han dirigido sus esfuerzos normativos (RDL 6, 7, 8, 9, 10, 11/2020y todos los decretos y ordenes que han desarrollado los mismos), así como el DL 1/2020 del Gobierno de Aragón, a adoptar un conjunto de medidas dirigidas a paliar los efectos económicos y sociales que sin duda esta crisis va a provocar.

En este contexto, los entes locales aragoneses están adoptando medidas de carácter fiscal y económico, mediante resoluciones y acuerdos, que permitan a nuestros ciudadanos, a los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y, en general, al tejido productivo de nuestros pueblos y ciudades, y sobre todo a los más vulnerables,  superar esta situación recuperando su vida y actividad con el menor coste y sufrimiento posibles.

Como decimos, las primeras decisiones fueron las de dedicar sus recursos a paliar la crisis social y el siguiente paso han sido medidas en materia de impuestos, tasas y precios públicos, y de ayudas económicas.

Este documento sólo pretende recoger aquellas más significativas, que algunos entes locales han adoptado, en materia fiscal y económica. No tiene carácter indicativo alguno, sino sólo ejemplarizante, y no pretende ser exhaustivo pues entendemos que pueden existir otras medidas que aquí no se recogen y que en función de las diferentes características de nuestros entes locales se pueden adoptar.

Medidas

• Suspensión de plazos tributarios.
• Aplazamiento del pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (más conocido como plusvalía).
• Modificación calendario y aplazamiento sobre Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
• Aplazado el pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
• Ampliación plazo de la Tasa de Abastecimiento de Agua y Tarifa por Depuración de Aguas Residualesy por la recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos.
• Aplazamiento del pago de los alquileres de viviendas, locales de uso comercial y servicios profesionales en alquiler.
• Se aplaza el pago de la tasa de instalación de veladores durante el estado de alarma.
• En la ocupación de la vía pública, las liquidaciones se aplazan hasta que finalice el estado de alarma.
• Se establece la gratuidad de la zona azul.
• A los participantes en las actividades deportivas municipales se les devolverá la parte proporcional correspondiente al tiempo que dure el estado de alarma.
• Las notificaciones a los ciudadanos se suspenden hasta la finalización de los efectos del estado de alarma.
• Ayudas directas a autónomos y pequeños empresarios, así como a las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Para descargar el documento puedes pinchar aquí.

1. ANTECEDENTES

El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), regula la regla de gasto aplicable a la Administración Central, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.

La LOEPSF establece, en su artículo 32, que el superávit alcanzado por Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, debe ir destinado a la reducción del nivel de endeudamiento neto.

Teniendo en cuenta el esfuerzo de consolidación realizado, la sólida situación financiera, así como la naturaleza de los servicios que prestan las Corporaciones Locales, que por su relación de proximidad con los ciudadanos tienen una alta capacidad para influir directamente en la mejora de su bienestar, se estableció una regla especial para el destino del superávit recogido en el artículo 32 de la LOEPSF.

Así, la disposición adicional sexta de la LOEPSF, introducida mediante la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público permite, desde el año 2014, a las Corporaciones Locales que presentan superávit y remanente de tesorería para gastos generales positivos, así como un nivel de deuda pública inferior al límite a partir del cual está prohibido el recurso al endeudamiento y un período medio de pago a proveedores que no supera el plazo máximo de pago establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, destinar su superávit a financiar inversiones que deben ser financieramente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión, no computando el gasto en estas inversiones a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la LOEPSF, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Esta medida de flexibilidad en el destino del superávit se aplicó por vez primera en 2014 y se preveía, en el apartado 5 de la disposición adicional sexta de la LOEPSF, en relación con los ejercicios posteriores a 2014, la posibilidad, atendiendo a la coyuntura económica, de prórroga anual de la misma mediante habilitación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Esta medida se prorrogó, para 2015, mediante la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico y se ha prorrogado en los años 2016 y 2017 a través de las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

En los años 2018 y 2019 las prórrogas de la aplicación de estas normas se pudieron llevar a efecto gracias a la aprobación de sendos Decretos Leyes: Real Decreto Ley 1/2018, de 23 de marzo, y el Real Decreto Ley 10/2019, de 29 de marzo.

1. APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT EN LA ACTUALIDAD

En la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), celebrada el día 10 de febrero de 2020, entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el Ministerio de Hacienda, y representantes de la Administración Local encabezada por el presidente de la FEMP, el Gobierno se comprometió a aprobar, con la mayor urgencia, un Decreto Ley que autorizaría a los Gobiernos Locales a utilizar cuanto antes el superávit alcanzado en 2019.

Con la pandemia ocasionada por el Covid-19, y decretado el Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno de España inicia la aprobación de una batería de medidas económicas y sociales con el objeto de minimizar en la medida de lo posible, el impacto de esta pandemia.

Entre ellas, el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,  cuyo artículo 3 prevé la posibilidad de disponer por las Corporaciones Locales, de un total de 300 Millones de euros procedentes del superávit del ejercicio 2019, para financiar las ayudas económicas y todas las prestaciones de servicios gestionadas por los servicios sociales de atención primaria y atención a la dependencia que vienen recogidas en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 16 de enero de 2013, que recoge el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales.

Asimismo el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, en su artículo 20, individualiza el importe del superávit que podrán destinar las Entidades Locales a prestaciones e inversiones relativas a gasto social, siendo como máximo, equivalente al 20% del saldo positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El Ministerio de Hacienda en fecha 31 de marzo de 2020, ha procedido a publicar los datos del “Déficit de las AAPP” al cierre del ejercicio 2019.

Entre estos datos, destacar que las Entidades Locales registraron un superávit por séptimo año consecutivo, por un importe de 3.839 millones de euros, lo que en términos de PIB asciende al 0,31%.

*A continuación, se facilita el enlace de consulta de estos datos en la web del MºHAC: ENLACE

Por último, destacar que la Junta de portavoces de la FEMP, reunidos el día 2 de abril, ha acordado proponer al Gobierno de España una serie de medidas de carácter económico que permitan a los Gobiernos Locales afrontar la crisis provocada por el COVID-19.

Entre estas medidas se encuentran:

• la flexibilización de la regla de gasto al objeto de poder utilizar el superávit para acometer gasto social, y otros gastos como los derivados de políticas de empleo.

• posibilidad de las CCLL decidan sobre los remanentes generados por éstas en los últimos años, con el objetivo de gestionar y decidir cómo aplicarlos para luchar contra el coronavirus, reactivar la actividad económica e impulsar el bienestar social.

• DESTINO DEL SUPERÁVIT

En cumplimiento de la normativa anteriormente citada, en 2018 y 2019, los programas a los que podía dirigirse el superávit de las CCLL, como inversiones financieramente sostenibles, han sido los siguientes:

• alcantarillado,
• abastecimiento de agua,
• recogida de residuos o alumbrado público,
• mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores,
• infraestructuras de transporte,
• centros docentes,
• asistencia social primaria,
• recursos hidráulicos
• sociedad de la información.

Actualmente, en virtud del RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, los programas a los que podría dirigirse el superávit de las CCLL, teniendo en cuenta que el total disponible son 300 millones de euros, son los siguientes:

• promoción y reinserción social de marginados.
• gestión de los servicios sociales.
• prestación de servicios a personas dependientes y de asistencia social.
• residencias de ancianos y otros de naturaleza análoga.
• evaluación e información de situaciones de necesidad social.
• atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
• promoción de la igualdad de género.
• y transferencias finalistas a entidades y familias que colaboren en la consecución de estos fines.

Para acceder al Informe puedes pinchar aquí.

A lo largo de la jornada, los presidentes y presidentas de las comarcas aragonesas están manteniendo reuniones telemáticas con los responsables del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) del Gobierno de Aragón para avanzar en la implantación de las Unidades de Coordinación Operativa Comarcal y gestionar las acciones que atiendan las necesidades de la población en una emergencia sanitaria como la que estamos atravesando.

En las videoconferencias de hoy, celebradas por separado con los responsables comarcales de Huesca, Teruel y Zaragoza,han participado el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez; la directora general de Protección Civil e Interior, Carmen Sánchez;el jefe del Servicio de Protección Civil, Miguel Ángel Clavero; el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta; y el secretario general, Martín Nicolás.

A través de las intervenciones de los representantes comarcales se ha constatado el importante papel que estas administraciones están desarrollando en sus respectivos territorios, centralizando las demandas y necesidades de los ayuntamientos y de la ciudadanía.

Una de las reclamaciones planteadas ha sido la de un “interlocutor o contacto directo” entre las comarcas y el Gobierno de Aragón a quien comunicar las necesidades en cada momento y solicitar materiales o servicios para atender a la población.

En este sentido, el director general de Administración Local ha recordado que “cualquier necesidad de material o personal que necesitéis debéis comunicarla al CECOP” en el correo electrónico cecop112@aragon.es o en el teléfono 976713119.

Las Unidades de Coordinación Operativa Comarcal, presididas por el presidente o presidenta de cada una de las comarcas, estarían formadas por un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un miembro en representación de Salud Pública, un miembro en representación de los Servicios Sociales y un miembro en representación de cuestiones psicoterapéuticas.

Los objetivos de estas unidades son la coordinación de recursos y necesidades del ámbito comarcal, la organización de la logística y los abastecimientos, el transporte de mercancías y de personas con dificultades, la asistencia psicosocial de los ciudadanos.

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que incluye ayudas para familias, autónomos y empresas y cuyo impacto económico supera los 115.000 millones de euros de recursos públicos.

Los ayuntamientos podrán destinar parte del superávit de 2019 a financiar políticas sociales.

El Gobierno aprueba también un suplemento de crédito de 300 millones que las comunidades autónomas recibirán para financiar prestaciones básicas de los servicios sociales en apoyo de las familias.

Se establece un mayor plazo para que los contribuyentes puedan atender requerimientos y formular alegaciones.

La flexibilización afecta a los procedimientos ya iniciados, distinguiendo dentro de ellos los trámites abiertos, cuyo plazo se extenderá hasta el 30 de abril, y los que se vayan a abrir, donde el periodo de respuesta del contribuyente se extenderá hasta el 20 de mayo.

La misma ampliación de plazos regirá para el pago de deudas derivadas de una liquidación de la administración, los plazos de pago en periodo ejecutivo y los pagos derivados de aplazamientos y fraccionamientos.

La Administración compensará a los contratistas afectados por el Covid-19 que mantengan el empleo.

Para acceder a la Nota de prensa puedes pinchar aquí.

El Consejo de Ministros aprueba un plan de medidas contra el impacto económico del Covid-19

El Gobierno refuerza los mecanismos para dar máxima protección a los trabajadores y evitar la destrucción del empleo en la crisis sanitaria.

 Se facilitará la suspensión temporal del empleo, agilizando mecanismos y plazos de los ERTE.

Las prestaciones por desempleo se prorrogarán de manera automática mientras dure la crisis sanitaria.

Los subsidios se podrán cobrar sin haber cotizado el mínimo exigido en la actualidad y el tiempo de paro no computará a efectos de prestaciones futuras.

Los trabajadores que tengan menores o dependientes a cargo contarán con herramientas para adaptar su jornada laboral y poder ejercer su cuidado.

Para acceder a la Nota de prensa puedes pinchar aquí.

Estado de alarma: Guía rápida de calle.