La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha invitado a las federaciones territoriales de municipios del resto del Estado a conocer de primera mano la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social, acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Aragón, los partidos políticos con representación parlamentaria (excepto Vox), los agentes sociales y la propia Federación aragonesa de municipios. El encuentro se ha celebrado en la sala Goya del Palacio de la Aljafería y ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, del de las Cortes, así como de representantes de los grupos parlamentarios aragoneses.
Antes de reunirse con presidentes y secretarios generales de doce federaciones territoriales de municipios, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha realizado un reconocimiento expreso del papel jugado por los ayuntamientos en todo el desarrollo del país, en su contribución para la realidad del estado de bienestar también en el medio rural, algo que han logrado a pesar de la “indigencia” de recursos políticos y económicos.
Lambán ha lamentado que el mundo local haya sido siempre considerado por el gobierno central un poder “subalterno”, al que se le ha “denostado”, pese a ser el tercer pilar del Estado y ha reclamado el cumplimiento de la suficiencia financiera y de la autonomía local, dos principios determinantes para unos actores tan “relevantes” en la gobernanza del país. Además, considera indispensable la liberación de los remanentes de los ayuntamientos precisamente en un momento tan delicado para el país, en el que la recuperación económica precisa de la contribución del mayor número posible de actores.
Gracias a su experiencia política, vinculada durante muchos años al mundo local, el presidente aragonés ha reconocido la capacidad de los ayuntamientos, además de mostrar su orgullo por la actuación de todos los entes locales, gracias a su “disponibilidad, creatividad e inteligencia” para hacer frente a la pandemia y colaborar en la elaboración de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica y Social. Dicha estrategia cuenta ya con un Decreto-Ley que contempla movilizar 510 millones de euros, dirigidos a los sectores más vulnerables afectados por la Covid-19 y cuenta con otras medidas «que pronto podrán dar resultados».
También el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha recordado que sus raíces políticas están en lo municipal y ha explicado a los participantes en la jornada que Aragón es tierra de pactos.
Por su parte, el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, ha expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado en Aragón entre todos los actores políticos y sociales para hacer frente a la crisis consecuencia del coronavirus, “es un buen modelo a exportar”. Zubieta ha reclamado que “las entidades locales puedan hacer uso del superávit y de los saldos bancarios de que disponen, que en el conjunto de Aragón ascienden a 700 millones de euros. Para que podamos sumar nuestros remanentes a combatir los efectos sociales y económicos de la pandemia es necesario que se levanten las trabas impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha hecho mucho daño a los ayuntamientos”.
Cómo se hizo.
Para que los invitados de las federaciones territoriales de municipios conozcan de primera mano cómo se ha llegado a un acuerdo consensuado entre todos los actores participantes, en la jornada han intervenido todos los integrantes de la mesa técnica donde se debatió la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social. El relato de la gestación ha sido desglosado por Julio Embid (PSOE), Emiliano Sánchez (PP), José María García (CEOE), Miguel Aína (Ciudadanos), Iván Andrés (Podemos), José de las Morenas (UGT), Antonio Angulo (CHA), Sergio Larraga (PAR), Marta Arjol (CCOO), Jesús García (IU), Carmelo Pérez (CEPYME), y Martín Nicolás (FAMCP).
La Estrategia Aragonesa recoge 273 propuestas para hacer frente a la crisis consecuencia del coronavirus. Las medidas planteadas se dividen en cuatro bloques – recuperación del territorio, de las políticas públicas, de la economía productiva y en materia de empleo- y se incluye además un anexo con propuestas que se trasladarán al Gobierno de España.
