El Consejo de Gobierno ha aprobado el texto del convenio de colaboración entre el propio Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) para la promoción de la adhesión de las entidades locales al sistema de contratación centralizada del Gobierno de Aragón.

El convenio revalida otro de similares características, suscrito en 2016, y que había perdido su vigencia en 2019. Sin embargo, las partes implicadas consideran que las razones que justificaron entonces la colaboración siguen siendo válidas a fecha de hoy, ya que el ámbito de la Administración Local de Aragón está excesivamente fragmentado y dispone de escasos recursos humanos.

Por eso la colaboración entre administraciones en materia de contratación debe traducirse en la simplificación de la política de compras públicas, sobre todo en municipios de escasa población y recursos, como reconoce la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en informes que se adelantaban a la regulación de la Ley de Contratos del Sector Público.

Además, en el tiempo en el que el convenio entre la Famcp y el Gobierno de Aragón no estuvo vigente se produjeron cambios normativos como la trasposición de normas europeas al ordenamiento jurídico español en materia de contratación pública y la ley aragonesa de Simplificación Administrativa, que empujan en la línea de agregar la demanda de los compradores públicos para obtener economías de escala, reducir precios y costes de transacción, además de profesionalizar la gestión de la contratación.

De hecho, la técnica de centralización de las adquisiciones va ganando terreno, y es que las centrales de compra se encargan de adquirir suministros y servicios para otros entes del sector público, adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco o sistemas dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los mismos.

Por eso, la suscripción del convenio entre la Famcp y el Gobierno de Aragón tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios técnicos y contribuir a la realización de actividades de utilidad pública. De la misma manera, pretende favorecer el objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El convenio no comporta gastos para las partes implicadas, estará vigente durante cuatro años, que podrán prorrogarse por un periodo máximo de la misma duración. La adhesión de los municipios, comarcas y provincias a los acuerdos marco o los contratos homologados se producirá a medida que el Gobierno de Aragón celebre nuevas contrataciones.

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