La lucha contra la Covid-19 y la pérdida de ingresos como consecuencia de la pandemia están dejando vacías las arcas de los ayuntamientos aragoneses. Y todo indica que esta delicada situación de las finanzas municipales se va a prolongar más tiempo de lo que querrían los alcaldes, tras la histórica derrota que sufrió en el Congreso de Diputados el decreto del Gobierno por el que los ayuntamientos podían ceder de forma voluntaria sus remanentes de tesorería a la Administración General del Estado. En Aragón, el dinero que los ayuntamientos han logrado ahorrar en los últimos años y que no pueden gastar como consecuencia de la prohibición que establece la Ley Montoro supera los 900 millones de euros.

“Estamos en un momento de grave incertidumbre”, advierte el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta. Los municipios han visto cómo por razones “partidistas” de provocar la derrota del Gobierno de Pedro Sánchez se ha esfumado de golpe la posibilidad de poder gastar los remanentes ahorrados contra la COVID-19. Zubieta tiene sobre la mesa desde hace escasos 30 minutos la última propuesta de la ministra de Hacienda de suspender la regla de gasto de la ley de estabilidad presupuestaria, de momento, para el año 2020, para que los Ayuntamientos puedan disponer de su superávit de los años 2018-2019. “Es un avance importante”, valora inicialmente el presidente de la FAMCP, aunque aclara acto seguido: “Es un paso muy alejado de la derogación de la ley Montoro”.

Una ley contra la crisis

En diciembre de 2013, en plena crisis económica, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la LRSAL, que todavía sigue vigente y que suponía, con el argumento de la necesidad de la estabilidad presupuestaria y de no incrementar el déficit, intervenir de hecho en la gestión municipal, de tal forma que se hacía la vida imposible a los ayuntamientos a la hora de invertir, contratar personal y ejecutar el presupuesto anual ordinario.

Y como no gastaron porque la ley no les dejaba, los municipios han ido acumulando remanentes hasta llegar a los más de 900 millones de euros actuales, una situación económica saneada que les permite afrontar retos “con mayor solvencia que en anteriores situaciones de crisis”. “Nos intervinieron las cuentas y ahora queremos usar ese dinero para impulsar el tejido industrial de nuestros municipios y pagar la factura de los numerosos gastos que nos ha provocado la Covid-19”, afirma el presidente de la FAMCP.

Coronavirus, a pie de calle

Los ayuntamientos han estado “a pie de calle” desde que se desató la alarma del coronavirus, ayudando a sus vecinos con las numerosas necesidades que al principio generó “mucha incertidumbre y preocupación”.

“Tenemos un gravísimo problema de financiación. Nos avocamos a un bloqueo de la administración. La pandemia nos está dejando esquilmadas las arcas y va a ser muy complicado que podamos seguir ofreciendo servicios esenciales para la ciudadanía. Si no hay recursos, estaremos obligados a suspender servicios”, advierte Zubieta. Y añade: “Es necesario llegar a acuerdos, porque si no, perdemos todos”.

FUENTE: EL DIARIO.ES

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