Normativa de interés para los órganos de control interno y de contratación de las entidades locales

El Boletín Oficial del Estado del 2 de agosto de 2018 publica la“Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios”, que incorpora la reforma y desarrollo de la función interventora a ejercer con respecto a los tipos de gastos afectados por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que ha introducido importantes novedades tanto en materia de contratos administrativos como en materia de encargos a medios propios personificados.

A tal efecto, en dicho Acuerdo se reflejan los extremos que deben comprobarse en el ejercicio de la función interventora, como consecuencia de la nueva regulación de los criterios de adjudicación, la forma de acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia, las condiciones especiales de ejecución, la introducción del nuevo procedimiento abierto simplificado, las reformas en el régimen de modificaciones contractuales, entre otros.

En relación con lo anterior, debe resaltarse que el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector público Local, define como requisitos o trámites esenciales mínimos en la fiscalización e intervención previa limitada, a los efectos de formulación de reparos que procedan, los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros previsto en el artículo 152.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

El Tribunal Constitucional respalda que las Corporaciones Locales puedan recibir anticipos a cargo de las CCAA

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2018 respalda que las corporaciones locales puedan recibir anticipos con cargo a la tesorería de las comunidades autónomas.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha sentenciado que las Corporaciones Locales pueden recibir anticipos con cargo a la tesorería de la respectiva comunidad autónoma. La sentencia explica que “el objeto del anticipo es el de adelantar una cantidad de fondos durante un periodo de tiempo limitado, cuyo fin es atender a concretas y excepcionales finalidades de liquidez, pero no de financiación. En modo alguno, se trata de una transferencia definitiva”.

El anticipo regulado en el artículo 36 de la Ley 20/2016, de Presupuesto de la CA Andalucía para 2017, no altera ni incide en los criterios de reparto de la participación que corresponda a los entes locales con cargo a los ingresos del Estado. Sólo opera una vez que tales participaciones han sido ya repartidas presupuestariamente a los entes locales.

Para más información puedes acceder a la Nota informativa o a la Sentencia del Tribunal Constitucional.

Contrato menor: Modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.

El pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla­mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ha su­puesto atribuir un mayor protagonismo a los principios fundamentales que inspiran la norma­tiva europea de contratación pública, potenciando muy especialmente los de concurrencia, publicidad y transparencia e integridad.

En relación con el contrato menor, durante la tramitación parlamentaria de la Ley, se introdujo la prohibición de que un mismo contratista suscriba contratos menores por importe que, individual o conjuntamente, supere los umbrales previstos.

No obstante, tal y como señaló la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en su Informe 3/2018, de 13 de febrero, dicha prohibición debería ceñirse única y exclusivamente a los supuestos de adjudicación directa en los que no haya habido publicidad o concurrencia.

En este sentido, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Auto­nomía de Aragón, ejerciendo las competencias establecidas en los apartados 11.º y 12.º del artículo 75 del Estatuto de Autonomía, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administra­ción Pública, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 20 de marzo de 2018, por Decreto Ley 1/2018, de 20 de marzo, de medidas urgentes para la agilización, racio-nalización y transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía, se ha modificado  la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, añadiendo un segundo párrafo alapartado 2 del artículo 4, que resulta del siguiente tenor literal:

“2. La licitación de los contratos menores, cualquiera que sea su cuantía, podrá ser objeto de publicidad en el perfil de contratante. En tal caso, el plazo para la presentación de proposi­ciones no podrá ser inferior a cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. En el anuncio se identificará el objeto del contrato y las prestaciones que lo integran, los criterios de adjudicación, y cualesquiera cir­cunstancias que hayan de tenerse en cuenta durante la ejecución del mismo. Podrá presentar proposición cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Los contratos menores adjudicados con publicación de un anuncio de licitación no limitarán la adjudicación de ulteriores contratos menores por el mismo procedimiento. La celebración de contratos menores se consignará en el registro de contratos de la entidad contratante”.

Orientaciones para la adaptación de las administraciones locales al Reglamento General de Protección de Datos

La publicación“Orientaciones para la adaptación de las administraciones locales al Reglamento General de Protección de Datos” está elaborada en el seno de la FEMP por un equipo multidisciplinar de técnicos locales, de la Agencia Española de Protección de Datos y expertos del ámbito jurídico y universitario.

Se trata de un documento sencillo y práctico que aborda la puesta en práctica de la nueva normativa sobre protección de datos que ha entrado en vigor recientemente.

Instrucciones para pruebas deportivas

Instrucciones para pruebas deportivas

Instrucción específica para pruebas deportivas estáticas.

Instrucción específica para pruebas deportivas dinámicas por caminos.

Instrucción específicas para marchas ciclistas por caminos.

Instrucción específicas para pruebas deportivas dinámicas por carretera.

Instrucción específica para marchas ciclodeportivas por carretera.

Instrucción específica para marchas cicloturistas por carretera.

Declaración responsable para habilitación de personal auxiliar en eventos deportivos.