Informe sobre disponibilidad del superávit por parte de las corporaciones locales

  1. ANTECEDENTES

El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), regula la regla de gasto aplicable a la Administración Central, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.

La LOEPSF establece, en su artículo 32, que el superávit alcanzado por Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, debe ir destinado a la reducción del nivel de endeudamiento neto.

Teniendo en cuenta el esfuerzo de consolidación realizado, la sólida situación financiera, así como la naturaleza de los servicios que prestan las Corporaciones Locales, que por su relación de proximidad con los ciudadanos tienen una alta capacidad para influir directamente en la mejora de su bienestar, se estableció una regla especial para el destino del superávit recogido en el artículo 32 de la LOEPSF.

Así, la disposición adicional sexta de la LOEPSF, introducida mediante la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público permite, desde el año 2014, a las Corporaciones Locales que presentan superávit y remanente de tesorería para gastos generales positivos, así como un nivel de deuda pública inferior al límite a partir del cual está prohibido el recurso al endeudamiento y un período medio de pago a proveedores que no supera el plazo máximo de pago establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, destinar su superávit a financiar inversiones que deben ser financieramente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión, no computando el gasto en estas inversiones a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la LOEPSF, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Esta medida de flexibilidad en el destino del superávit se aplicó por vez primera en 2014 y se preveía, en el apartado 5 de la disposición adicional sexta de la LOEPSF, en relación con los ejercicios posteriores a 2014, la posibilidad, atendiendo a la coyuntura económica, de prórroga anual de la misma mediante habilitación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Esta medida se prorrogó, para 2015, mediante la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico y se ha prorrogado en los años 2016 y 2017 a través de las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

En los años 2018 y 2019 las prórrogas de la aplicación de estas normas se pudieron llevar a efecto gracias a la aprobación de sendos Decretos Leyes: Real Decreto Ley 1/2018, de 23 de marzo, y el Real Decreto Ley 10/2019, de 29 de marzo.

  1. APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT EN LA ACTUALIDAD

En la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), celebrada el día 10 de febrero de 2020, entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el Ministerio de Hacienda, y representantes de la Administración Local encabezada por el presidente de la FEMP, el Gobierno se comprometió a aprobar, con la mayor urgencia, un Decreto Ley que autorizaría a los Gobiernos Locales a utilizar cuanto antes el superávit alcanzado en 2019.

Con la pandemia ocasionada por el Covid-19, y decretado el Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno de España inicia la aprobación de una batería de medidas económicas y sociales con el objeto de minimizar en la medida de lo posible, el impacto de esta pandemia.

Entre ellas, el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,  cuyo artículo 3 prevé la posibilidad de disponer por las Corporaciones Locales, de un total de 300 Millones de euros procedentes del superávit del ejercicio 2019, para financiar las ayudas económicas y todas las prestaciones de servicios gestionadas por los servicios sociales de atención primaria y atención a la dependencia que vienen recogidas en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 16 de enero de 2013, que recoge el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales.

Asimismo el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, en su artículo 20, individualiza el importe del superávit que podrán destinar las Entidades Locales a prestaciones e inversiones relativas a gasto social, siendo como máximo, equivalente al 20% del saldo positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El Ministerio de Hacienda en fecha 31 de marzo de 2020, ha procedido a publicar los datos del “Déficit de las AAPP” al cierre del ejercicio 2019.

Entre estos datos, destacar que las Entidades Locales registraron un superávit por séptimo año consecutivo, por un importe de 3.839 millones de euros, lo que en términos de PIB asciende al 0,31%.

*A continuación, se facilita el enlace de consulta de estos datos en la web del MºHAC: ENLACE

Por último, destacar que la Junta de portavoces de la FEMP, reunidos el día 2 de abril, ha acordado proponer al Gobierno de España una serie de medidas de carácter económico que permitan a los Gobiernos Locales afrontar la crisis provocada por el COVID-19.

Entre estas medidas se encuentran:

  • la flexibilización de la regla de gasto al objeto de poder utilizar el superávit para acometer gasto social, y otros gastos como los derivados de políticas de empleo.
  • posibilidad de las CCLL decidan sobre los remanentes generados por éstas en los últimos años, con el objetivo de gestionar y decidir cómo aplicarlos para luchar contra el coronavirus, reactivar la actividad económica e impulsar el bienestar social.
  • DESTINO DEL SUPERÁVIT

En cumplimiento de la normativa anteriormente citada, en 2018 y 2019, los programas a los que podía dirigirse el superávit de las CCLL, como inversiones financieramente sostenibles, han sido los siguientes:

  • alcantarillado,
  • abastecimiento de agua,
  • recogida de residuos o alumbrado público,
  • mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores,
  • infraestructuras de transporte,
  • centros docentes,
  • asistencia social primaria,
  • recursos hidráulicos
  • sociedad de la información.

Actualmente, en virtud del RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, los programas a los que podría dirigirse el superávit de las CCLL, teniendo en cuenta que el total disponible son 300 millones de euros, son los siguientes:

  • promoción y reinserción social de marginados.
  • gestión de los servicios sociales.
  • prestación de servicios a personas dependientes y de asistencia social.
  • residencias de ancianos y otros de naturaleza análoga.
  • evaluación e información de situaciones de necesidad social.
  • atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
  • promoción de la igualdad de género.
  • y transferencias finalistas a entidades y familias que colaboren en la consecución de estos fines.

Para acceder al Informe puedes pinchar aquí.

cecop112@aragon.es el contacto directo para atender las necesidades de las comarcas contra el coronavirus

A lo largo de la jornada, los presidentes y presidentas de las comarcas aragonesas están manteniendo reuniones telemáticas con los responsables del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) del Gobierno de Aragón para avanzar en la implantación de las Unidades de Coordinación Operativa Comarcal y gestionar las acciones que atiendan las necesidades de la población en una emergencia sanitaria como la que estamos atravesando.

En las videoconferencias de hoy, celebradas por separado con los responsables comarcales de Huesca, Teruel y Zaragoza,han participado el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez; la directora general de Protección Civil e Interior, Carmen Sánchez;el jefe del Servicio de Protección Civil, Miguel Ángel Clavero; el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta; y el secretario general, Martín Nicolás.

A través de las intervenciones de los representantes comarcales se ha constatado el importante papel que estas administraciones están desarrollando en sus respectivos territorios, centralizando las demandas y necesidades de los ayuntamientos y de la ciudadanía.

Una de las reclamaciones planteadas ha sido la de un “interlocutor o contacto directo” entre las comarcas y el Gobierno de Aragón a quien comunicar las necesidades en cada momento y solicitar materiales o servicios para atender a la población.

En este sentido, el director general de Administración Local ha recordado que “cualquier necesidad de material o personal que necesitéis debéis comunicarla al CECOP” en el correo electrónico cecop112@aragon.es o en el teléfono 976713119.

Las Unidades de Coordinación Operativa Comarcal, presididas por el presidente o presidenta de cada una de las comarcas, estarían formadas por un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un miembro en representación de Salud Pública, un miembro en representación de los Servicios Sociales y un miembro en representación de cuestiones psicoterapéuticas.

Los objetivos de estas unidades son la coordinación de recursos y necesidades del ámbito comarcal, la organización de la logística y los abastecimientos, el transporte de mercancías y de personas con dificultades, la asistencia psicosocial de los ciudadanos.

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que incluye ayudas para familias, autónomos y empresas y cuyo impacto económico supera los 115.000 millones de euros de recursos públicos.

Los ayuntamientos podrán destinar parte del superávit de 2019 a financiar políticas sociales.

El Gobierno aprueba también un suplemento de crédito de 300 millones que las comunidades autónomas recibirán para financiar prestaciones básicas de los servicios sociales en apoyo de las familias.

Se establece un mayor plazo para que los contribuyentes puedan atender requerimientos y formular alegaciones.

La flexibilización afecta a los procedimientos ya iniciados, distinguiendo dentro de ellos los trámites abiertos, cuyo plazo se extenderá hasta el 30 de abril, y los que se vayan a abrir, donde el periodo de respuesta del contribuyente se extenderá hasta el 20 de mayo.

La misma ampliación de plazos regirá para el pago de deudas derivadas de una liquidación de la administración, los plazos de pago en periodo ejecutivo y los pagos derivados de aplazamientos y fraccionamientos.

La Administración compensará a los contratistas afectados por el Covid-19 que mantengan el empleo.

Para acceder a la Nota de prensa puedes pinchar aquí.

El Consejo de Ministros aprueba un plan de medidas contra el impacto económico del Covid-19

El Gobierno refuerza los mecanismos para dar máxima protección a los trabajadores y evitar la destrucción del empleo en la crisis sanitaria.

 Se facilitará la suspensión temporal del empleo, agilizando mecanismos y plazos de los ERTE.

Las prestaciones por desempleo se prorrogarán de manera automática mientras dure la crisis sanitaria.

Los subsidios se podrán cobrar sin haber cotizado el mínimo exigido en la actualidad y el tiempo de paro no computará a efectos de prestaciones futuras.

Los trabajadores que tengan menores o dependientes a cargo contarán con herramientas para adaptar su jornada laboral y poder ejercer su cuidado.

Para acceder a la Nota de prensa puedes pinchar aquí.

Estado de alarma: Guía rápida de calle.

Reunión de coordinación del Consejo Local de Aragón

El Consejo Local de Aragón ha mantenido una reunión esta mañana en el Edificio Pignatelli para establecer mecanismos de coordinación con las administraciones locales.

En el encuentro se han resuelto algunas consultas relacionadas con el funcionamiento de los servicios municipales y la situación de los empleados públicos locales.

El director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, ha informado de la puesta en marcha de un teléfono directo, 900 110 061, para consultas de ayuntamientos y comarcas. También se ha creado una guía interpretativa de las normas que se van aprobando para combatir la expansión del coronavirus.

La Dirección General de Administración Local coordinará con la FAMCP la transmisión de información a las entidades locales aragonesas.

Estado de alarma: Guía rápida de calle.

Declarado el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19

Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional y tendrá una duración de quince días naturales.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha sido publicado el 14 de marzo, en el número 67 del BOE.

Para leer completo el Real Decreto puede pinchar aquí

Orden comunicada por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto por el que se declara la situación de estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus Covid-19.

Preguntas frecuentas sobre la restricción de actividades por la situación y evolución del COVID-19.

Estado de alarma: Guía rápida de calle.

Notificación de disponibilidad de camas y espacios para su uso en emergencia sanitaria

Ante la posibilidad de que se deba disponer de espacios para la atención sanitaria en relación a la crisis COVID-19, se precisa conocer con rapidez cuáles son dichos espacios ya dotados con camas o con posibilidades de serlo. Nos referimos a Centros sociales, de día o residenciales, que hayan quedado desalojados u otros espacios con potencial para ser habilitados. Si son centros ocupados parcialmente por personas vulnerables frente a la enfermedad (mayores, discapacidad, etc…), por precaución, no se pondrán a disposición salvo que se trate de espacios claramente separados, con acceso diferenciado y sin posibilidad de contacto con los residentes actuales.

Esta ficha debe remitirse a la dirección  covid19social@imserso.es indicando ASUNTO: camas y -en caso de ser necesario- las autoridades sanitarias se pondrán en contacto con la persona responsable identificada.

Para descargar la ficha puede pinchar aquí.

El comisionado del Gobierno de Aragón y la FAMCP acuerdan que la infancia tenga más presencia en las políticas locales y comarcales

El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta, y el comisionado del Gobierno de Aragón para la Infancia, Florencio García Madrigal, han mantenido una reunión esta mañana en la sede de la organización municipalista en la que se han planteado la colaboración y participación de las entidades locales aragonesas en la defensa integral de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia.

En primer término, Zubieta y García Madrigal acordaron instar desde la propia FAMCP a ayuntamientos y comarcas para que en aquellas entidades donde funcione una Comisión de Igualdad su ámbito de actuaciones y competencias se prolongue también a aspectos relacionados con la infancia y la adolescencia.

De hecho, esto es lo que va a hacer la propia FAMCP, que cuenta con una Comisión de Igualdad que, a partir de ahora, va a ocuparse y prolongar también su actividad a cuestiones relacionadas con la infancia y la adolescencia.

El segundo plano de colaboración  entre la FAMCP y el comisionado apunta a favorecer la participación futura de profesores, educadores y agentes sociales tanto en estas comisiones relacionadas con la infancia y la adolescencia así como de los órganos de participación neta.
Finalmente, y ante la próxima firma de un convenio entre la FAMCP y la Asociación de Madres Solas (AMASOL), en el que se incluyen directrices a los ayuntamientos de cara a una discriminación positiva fiscal para las familias monoparentales, queden también recogidos apoyos de diversa índole tanto para las familias monoparentales como para aquellos ámbitos en los que se produzcan conductas que pongan de manifiesto la vulnerabilidad de menores y adolescentes.

Para el comisionado del Gobierno de Aragón para la Infancia “se trata de atender en la medida de lo posible desde el conjunto de las administraciones las necesidades de la infancia expuesta a una mayor vulnerabilidad por condicionantes sociales o económicos”.

Por su parte, Luis Zubieta estuvo de acuerdo en propiciar que desde la FAMCP se impulse la creación de consejos locales y comarcales de infancia y juventud, que puedan contribuir a diseñar y desarrollar políticas que mejoren las condiciones de este sector social.

Hay que recordar que hace 15 días, el Consejo de Gobierno aprobó un Decreto por el que se regulan las prestaciones económicas complementarias para víctimas de violencia sobre mujeres, sus hijas e hijos, para mujeres víctimas de otros tipos de violencia como la sexual o la trata y finalmente para mujeres mayores de 65 años.

El decreto prevé tres tipos de prestaciones diferenciadas. La primera está destinada a las hijas e hijos huérfanos de víctimas de violencia de género. De esta forma, se reconoce la situación de doble victimización que viven las hijas e hijos menores, ya que por un lado pierden a su madre, los padres ingresan en prisión y por otro lado sufren la merma económica derivada de estos hechos.

La Comisión de Videovigilancia autoriza casi 200 nuevas cámaras en municipios aragoneses

La Comisión de garantías de videovigilancia de Aragón ha autorizado la instalación de casi doscientas nuevas cámaras en espacios públicos de cinco municipios aragoneses. En concreto, la Comisión ha dado el visto bueno para colocar 90 cámaras en la ciudad de Huesca, 38 en Fraga, 29 en Sabiñánigo, 9 en Caspe y 7 en Ejea de los Caballeros. La solicitud del Ayuntamiento de Utebo para poner en marcha 63 cámaras de videovigilancia se verá en la próxima reunión de la Comisión, cuando se disponga del correspondiente informe técnico.

Con la instalación de estos dispositivos de control los ayuntamientos pretenden prevenir actos vandálicos e impedir la comisión de delitos en espacios públicos.

La Comisión de garantías de videovigilancia de Aragón, en la que participa la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, está presidida por el magistrado Manuel Bellido Aspas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

La Comisión de municipios afectados por el Ebro se constituye con la asistencia del consejero de Agricultura y del comisario de Aguas de la CHE

En la reunión celebrada esta mañana en la sede de la FAMCP ha quedado constituida la Comisión de municipios afectados por el río Ebro, en la que ejercerá la presidencia el concejal de Pradilla de Ebro Luis Eduardo Moncín, y la vicepresidencia, el alcalde de Quinto de Ebro, Jesús Morales. A este primer encuentro también ha asistido el presidente de la Federación, Luis Zubieta, que ha saludado a los miembros de la Comisión y les ha animado a seguir trabajando por la seguridad y la integridad de la ciudadanía y los bienes de sus municipios.

En la sesión de constitución han participado el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, que ha estado acompañado por los directores generales de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, y la jefa del área de Infraestructuras del Instituto Aragonés del Agua, Ana Montero, y el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, René Gómez, que han informado a los representantes municipales de las actuaciones acometidas y los planes a ejecutar en las áreas afectadas por las crecidas del Ebro.

El presidente de la Comisión de municipios afectados por el río Ebro ha reclamado la creación y puesta en funcionamiento del órgano interinstitucional previsto en el dictamen de la ponencia de inundaciones encargado de hacer el seguimiento y mantener la coordinación de las actuaciones. Por su parte, el consejero Olona ha anunciado una inminente resolución por la que se constituirá esta nueva Comisión interinstitucional que contará con representantes del Gobierno de Aragón, Confederación Hidrográfica del Ebro, Diputación Provincial de Zaragoza y ayuntamientos.

En su intervención, el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón ha destacado la necesidad de insistir en las acciones de prevención y de la dotación de un presupuesto estable por parte del Gobierno central. “Hacer frente a los daños producidos por las avenidas es muy costoso para las administraciones, por lo que hay que insistir en las acciones de prevención ante el riesgo de inundaciones”. Solo para hacer frente a los daños producidos en infraestructuras y explotaciones agrícolas y ganaderas, el Gobierno de Aragón tuvo que hacer frente a un gasto de 10,5 millones de euros en la última avenida.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto la intención del Gobierno de Aragón de impulsar el Plan Ebro 2030, a través de la elaboración de una estrategia orientada a la disponibilidad de suelo en torno a las riberas del Ebro para generar un corredor de economías verdes y de aprovechamientos forestales, así como su desarrollo a través de un proyecto piloto de adquisición o permuta y de forestación. Además de la realización de eventos internacionales en materia del agua, como la reciente Conferencia Europea de Innovación y Agua, que den continuidad al legado de la Expo 2018.

El comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro ha expuesto ante la Comisión de municipios afectados por el río Ebro las obras realizadas para reducir el impacto de las avenidas y ha apostado por llevar a cabo la Estrategia Ebro Resilience, con la participación de Navarra y La Rioja, para conseguir el objetivo de reducir las afecciones ante el riesgo de inundación en el tramo medio del Ebro.

Además del presidente, Luis Eduardo Moncín, y del vicepresidente, Jesús Morales, la Comisión de municipios afectados por el río Ebro está integrada por Yolanda Salvatierra, alcaldesa de Gallur, Felisa Salvador, alcaldesa de Cinco Olivas, Ana María Arellano, alcaldesa de Luceni, José Miguel Achón, alcalde de Alcalá de Ebro, Alfredo Zaldívar, alcalde de Remolinos, Pascual José Embid, alcalde de Alagón, Mercedes Trébol, alcaldesa de Torres de Berrellén, Gema Gutiérrez, alcaldesa de Utebo, Vicente Miguel Royo, alcalde de El Burgo de Ebro, María Isabel Toro, alcaldesa de Nuez de Ebro, María Pilar Palacín, alcaldesa de Fuentes de Ebro, Mercedes Abós, alcaldesa de Pina de Ebro, Juan Abad, alcalde de Escatrón, Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe, Celso Antonio Ballespín, alcalde de La Zaida, Jesús Vicén, alcalde de Alfajarín, Javier Bolsa, alcalde de Sástago, Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, Juan Manuel Sanz, alcalde de Boquiñeni, Abel Vera, alcalde de Novillas, Miguel Ángel Francés, alcalde de Tauste, Alberto García, alcalde de Alforque, Pedro Sanz, alcalde de Cabañas de Ebro, Francisco Javier Nicolás, alcalde Chiprana, Francisca Ramírez, alcaldesa de Villafranca de Ebro, Rosario Gómez, alcaldesa de Velilla de Ebro, Alfredo Marín, alcalde de Sobradiel, Enrique Gómez, alcalde de Osera de Ebro, José Miguel Ezquerra, alcalde de Pastríz, María Lucía Insa, alcaldesa de Alborge, y María Isabel Álvarez, alcaldesa de Gelsa.